LA MARINA, LA REPÚBLICA, CARTAGENA Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA (V)

El Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, 

empresa clave en la estrategia del Régimen y de la oposición anti-franquista (*)

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Gradas horizontales 1, 2 y 3 del COCNM
juanalmarzapozuelo.blogspot

......Especial atención merece la situación de: « […] los militares que después de condenados por un Tribunal Militar y expulsados del Ejército han sido colocados con buenos sueldos en aquella factoría […] », refiriéndose al Consejo Ordenador de CNM que dirigía Luis de Vial, quien compatibilizó su cargo en los astilleros cartageneros con la alcaldía de Cartagena, entre diciembre de 1939 y junio de 1941. En general, en los informes de la policía y del SIM, respecto a la situación de Cartagena, se advierte una poco disimulada crítica a la actitud del Director de la factoría de Cartagena del CO de CNM, por el amparo que, a juicio de los falangistas y personalidades más ortodoxas del régimen residentes en Cartagena, ofrecía a obreros izquierdistas y ex-militares con simpatías republicanas, a los que además ofrecía “buenos sueldos”.

En este sentido, independientemente de la conciliadora actitud y la más objetiva y profesional política de reclutamiento de personal del Director del Consejo, Luis de Vial, hay que señalar que, recién terminada la guerra civil, el estado operativo de la práctica totalidad de las unidades de la flota era desastroso. El concurso de técnicos y de mano de obra especializada y cualificada para la reparación de navíos de guerra, era necesario y urgente.

En agosto de 1940, se encontraban en “gran reparación”, en la factoría de Cartagena: cinco destructores (José Luis Díez, Lepanto, Churruca, Alcalá Galiano y Sánchez Barcáiztegui), todos los que poseía la flota; dos submarinos, el C-2 y el C-4; el cañonero Dato y el torpedero T-14. Además se encontraba en construcción el submarino D-1. Esta enorme carga de trabajo requería el concurso de personal técnico y obrero. Los controles políticos, para trabajadores presuntamente izquierdistas y ex-militares de supuestas simpatías republicanas o masónicas expulsados de la Marina, fueron necesariamente más livianos.

Así, un año más tarde, en mayo de 1943, un Informe sobre la situación de Cartagena, presentado a Franco señalaba:

« […] Todos los mandos de dicho Consejo, del que es Director Don LUIS VIAL y DIESTRO están en manos de personas peligrosas para nuestro Régimen, […] constituyendo un grave peligro, ya que a su alcance y disposición, están los secretos, planos, materiales, y toda la importantísima gama de actividades de la Constructora, comprobándose así mismo ser cierto el amparo y protección a todos los elementos rojos y masones, desafectos a la Causa Nacional, y los que en el momento que demuestran haber sido expulsados y procesados por sus actividades en contra del Régimen, son inmediatamente admitidos ocupando cargos de importancia y responsabilidad […] »  

El control político, sindical y militar del Consejo Ordenador no era un tema baladí. La cuestión del espionaje militar en la Constructora preocupaba no sólo a los militares españoles, sino también a ingleses y alemanes. De un lado, hasta 1940, los astilleros cartageneros fueron una empresa hispano-británica, creada en 1908, cuya tecnología naval era básicamente inglesa, procedente de empresas y socios tecnológicos británicos como Vickers, Armstrong, etc. Con esta tecnología se habían construidos la mayoría de los buques de la flota de guerra española, que en aquellos momentos se encontraba en fase de profunda reparación y modernización.

Almirante Erich Raeder

De otro lado, la tecnología utilizada en la construcción de los futuros submarinos españoles era alemana. Hitler, a través del Almirante Raeder, jefe de la Marina de Guerra, la Kriegsmarine, accedió a que fuera utilizada su tecnología en la construcción de submarinos españoles, a cambio de materias primas (wolframio, estaño, etc.).

El almirantazgo alemán y los astilleros alemanes Germania Werf negociaron con una Comisión española, encabezada por Juan Antonio Suances, las condiciones económicas de utilización de planos, patentes, materiales especiales, etc. para construir en España estos submarinos, más tarde conocidos como tipo “G”, que sería aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre de 1941. Si bien, durante la II GM, no se llegó a terminar de construir ningún submarino con esta tecnología en Cartagena, el Consejo Ordenador dispuso de información tecnológica potencialmente muy apetecible para los servicios secretos aliados, dada la importancia de la guerra submarina en la contienda.

Por otra parte, no hay que olvidar el componente obrero del Consejo, permanente presente en los análisis políticos de las autoridades cartageneras, cuya expresión más clara es el texto de la Sentencia que condenó a muerte a Alfonso Martínez Peña, el buzo, trabajador del Consejo, por un delito de asociación y propaganda ilícita de la Unión Nacional. Dicha Sentencia consideraba un elemento agravante, que los encartados fueran trabajadores militarizados de los astilleros cartageneros y del pernicioso efecto de la propaganda de Unión Nacional sobre dicho colectivo laboral que: 

« […] para mayor peligrosidad se efectuaba principalmente en una factoría militarizada con muy abundan-te personal obrero […] ».

La memoria de la tradición obrera y sindical de la antigua Constructora Naval, de orientación mayoritariamente libertaria, aunque también socia-lista pesaba en el imaginario de las autoridades de la Marina cartagenera.

Asimismo, en Cartagena, también era objeto de atención para la DGS, la llamada “propaganda anglófila”:

« […] los ingleses de esta Plaza, […] que hacen muchos viajes a Alicante y Valencia donde recogen la valija diplomática, y también van mucho a Denia, donde parece ser existe una vasta red de espionaje […] ».

El cónsul del Reino Unido en Cartagena era Guillermo Leverkus. El consulado inglés, situado en la calle de San Francisco, nº 10-2º, al igual que el consulado alemán, también estaba dotado de personal diplomático. William Louis Cassar ocupaba «oficialmente el cargo de bibliotecario». Todo el mundo y especialmente la policía y el SIM se preguntaban qué hacía un bibliotecario en el Consulado del Reino Unido en Cartagena. La representación consular cartagenera velaba por los intereses económicos británicos en la ciudad y en la provincia (Mazarrón y Águilas): la explotación de determinadas minas, como la del Águila, por la Sociedad Barrington & Holt ; o The Cartagena Mining and Water Co. Ltd. propiedad de la familia Leverkus, que explotaba el manantial de agua de la pedanía de Perin, entre otras empresas.

Por otra parte, el puerto de Cartagena y la Base de Submarinos eran lugar habitual de fondeo y reparación de la flota alemana del Mediterráneo, información muy valiosa en aquellos días. Además, el consulado inglés tenía la función de contactar con la oposición al régimen para proveerle de información, entre otras cuestiones de la evolución de la II GM y la situación internacional, cuyo objeto era intentar neutralizar el sesgo germanófilo y pro-nazi de la propaganda política del Régimen en aquellas fechas.

En resumen, la defensa en toda su extensión de los intereses británicos en la zona, llevaban al consulado a intervenir en actividades de espionaje y contraespionaje. De ahí el especial interés policial, político y militar por las actividades del cónsul Leverkus, su empresa y sus empleados. Algunos de los cuales, como José Cegarra Martín fue detenido por la policía política cartagenera por: 

« […] hacer propaganda contra el Estado Nacional Sindicalista y sostener correspondencia de carácter subversivo […] ».

Por último, con respecto a los comunistas, no existían evidencias externas de actividades del PCE, ni en Cartagena, ni en Murcia. Así lo afirmaba el Informe de la DGS, de 26 de mayo de 1942: 

« […] con referencia a supuestos movimientos comunistas, hechas gestiones acerca de ello con elementos que estarían enterados, dicen que en Cartagena,no hay indicios de tal cosa […] ».

De acuerdo con los datos aportados, a mediados de 1942, la vigilancia policial y militar se centraba sobre la masonería republicana y los supuestos anglófilos. También la información oficial del Gobierno Civil, a lo largo de los meses de mayo y junio de 1942, en más de una ocasión, hizo referencia directa a supuestas campañas masónicas, así como a sanciones impuestas a determinados ciudadanos, acusados de propaganda contra el Régimen:

« […] a través de campañas de difamación que las sociedades secretas de tipo masónico han ordenado realizar en Murcia […] dado que dichas campañas han encontrado ambiente propicio en casinos, cafés y centros de recreo, he ordenado al servicio secreto y a todos los servicios de Información e Investigación a mis órdenes, la vigilancia más es-trecha para averiguar la identidad de quienes, consciente o inconscientemente, actúen de vehículos de tales noticias […] ».

Meses más tarde, una vez constatada la derrota de Hitler en Stalingrado y culminado con éxito el desembarco aliado en África del Norte, así como la expulsión de las tropas alemanas de dicho territorio, la situación política en Cartagena se hizo mucho más complicada.


Benito Sacaluga




(*) Texto recogido íntegramente de "Cartagena 1939-44: falangistas, republicanos y espías, en medio del hambre, la represión y la II Guerra Mundial". Autor :Antonio Martinez Ovejero.Publicado en Cartagena Histórica (Ediciones Aglaya, Monográfico nº34, marzo 2008)