La larga sombra de la memoria de los jefes y oficiales rebeldes muertos en Cartagena.
La represión franquista, el poder al almirantazgo. (*)
Comienzo con esta entrada la publicación del excelente estudio realizado por D. Antonio Martinez Ovejero sobre las consecuencias que la sublevación militar, la guerra civil y la posguerra hasta el año 1944 tuvieron para Cartagena y su Base Naval, única que se mantuvo fiel a la República desde el inicio hasta el fin de la guerra.
(*) Entre 1931 y 1936, la situación de la Marina de guerra fue bastante tensa debido al enfrentamiento y a las disputas entre los miembros de los distintos Cuerpos de la Armada, especialmente, entre el Cuerpo General, de una parte, y de otra, el resto de los llamados Cuerpos Patentados y los Cuerpos Auxiliares. Los primeros tenían un fuerte sentimiento elitista y corporativo, así como una orientación política mayoritariamente conservadora y monárquica. En enero de 1932, durante la visita a Cartagena de Niceto Alcalá Zamora, muchos oficiales del Cuerpo General se negaron a asistir a un acto público, en el que iba a intervenir el Presidente de la República. Otros permanecieron sentados mientras sonaba el himno de Riego o dando la espalda al Jefe del Estado de la República.
Por el contrario, unos pocos jefes y oficiales de los otros Cuerpos Patentados (máquinas, infantería de marina, intendencia, etc.), y sobre todo, los oficiales y suboficiales de los Cuerpos Auxiliares (artillería naval, torpedos, electricidad, administración, etc.) vieron en la República la ocasión para satisfacer sus reivindicaciones corporativas y recibieron con gran entusiasmo su advenimiento. La masonería estaba relativamente bien introducida entre sus miembros.
Existían un total de 315 masones en los diferentes cuerpos de la Armada. Su presencia, aunque cuantitativamente minoritaria y casi testimonial entre los Cuerpos Patentados, 63 miembros, 3,15%, era significativa y cualitativamente muy importante. Los jefes y oficiales del Cuerpo General y del resto de los Cuerpos Patentados ejercían el mando directo sobre los buques y las instalaciones de la Armada. Situados en el lugar y en el momento oportuno podrían jugar un papel determinante. Unos pocos así lo hicieron el 18 de julio, pagando un enorme precio por ello.
Sin embargo, el núcleo esencial de la masonería en la Marina se ubicaba entre los oficiales, suboficiales y cabos de los Cuerpos Auxiliares, con especial incidencia entre los maquinistas. En la marinería pesara más la tradición obrerista e incluso sindical. No en vano, como apunta Sueiro: “…El buque de guerra se había convertido en una fábrica mecanizada. Su dotación estaba constituida por especialistas, obreros cualificados y otros, con conciencia de clase y a veces, experiencia sindical…”
Los almirantes Moreno Fernández, animadores y promotores muy destacados de la sublevación militar de la Marina contra la República, en Galicia y fuera de ella, debieron tener una idea bastante aproximada del grado de extensión de las simpatías masónicas de sus compañeros de armas. Además, después de la guerra, ocuparon las Capitanías Generales de El Ferrol y Cartagena. Salvador Moreno fue además Ministro de Marina desde 1937-45.
Ambos tuvieron acceso e intervinieron activamente en expedientes de depuración, investigaciones sumariales y sentencias de los tribunales de Marina, que les permitieron evaluar cuantitativamente la influencia masónica en la Marina de Guerra.
Los datos que nos proporciona Jose Antonio Anaya, en su estudio sobre la Masonería en la Región de Murcia, corroboran las cifras anteriores en el ámbito cartagenero. El núcleo principal de la masonería murciana fue sin duda Cartagena. Allí estuvo ubicada, desde 1924, la Gran Logia Regional del Sudeste. Durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República, los marinos jugaron un papel esencial en la organización y la extensión de las ideas masónicas en la región.
La figura más destacada de la masonería murciana, durante la II República, fue el capitán de corbeta Angel Rizo Bayona, Bondareff: Venerable Maestro y fundador de la logia Tolstoi (1924); fundador de la logia de marinos Atlántida (1929); Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Regional del Sudeste de España (1925) y Gran Maestre del Gran Consejo Simbólico Federal (1936). Republicano convencido, perteneció inicialmente al Partido Radical de Lerroux. Después se unió a Martínez Barrio en Unión Republicana y finalmente formó parte de Izquierda Republicana. Desde la época de Primo de Rivera, Angel Rizo imprimió a la masonería cartagenera y murciana, una orientación claramente republicana y antimonárquica. Fue Diputado a Cortes por Cartagena, en las Constituyentes de 1931. Durante el bienio 1931-33, fue nombrado Delegado del Gobierno en Transmediterránea y Director General de la Marina Mercante, por el gobierno de la República.
De acuerdo con Jose Antº Anaya, hubo militares y marinos en todas las logias cartageneras: Aurora; Paz, Justicia y Trabajo; Lealtad; Aries; etc. Sin embargo, en la logia Tolstoi eran claramente mayoría. Además, la llamada logia flotante, Atlántida, con templo ubicado, en la calle Sambazar de Cartagena, estaba constituida sólo por marinos, con “triángulos” organizados en buena parte de los buques de la Armada. Sus miembros contribuyeron notablemente tanto a la extensión de la masonería en la Marina de Guerra, a bordo de sus barcos, como a nivel territorial, especialmente en las bases de Ferrol y Marín. Podemos decir que, en 1933, el momento más álgido de la masonería cartagenera, con 184 miembros, el 50%, cerca de un centenar, eran marinos de guerra pertenecientes, en un 87%, a los Cuerpos auxiliares y a los maquinistas de la Armada. No debe extrañarnos el papel esencial, aunque no exclusivo, que algunos miembros de la masonería jugaron en la decantación republicana de la flota, durante la sublevación de julio de 1936,
Las moderadas reformas republicanas, que Giral y Casares Quiroga promovieron en la Marina, no modificaron el status del Cuerpo General. Sin embargo, estas medidas mejoraron las condiciones económicas y disciplinarias de la marinería e hicieron ocupar a los Cuerpos Subalternos, un papel más relevante en la organización de la Armada. Por primera vez, los suboficiales de estos cuerpos, ahora llamados Auxiliares, pudieron acceder al grado de oficial. Aunque a diferencia del ejército, estos oficiales serían distintos a los del Cuerpo General.
Hasta el propio Franco se mostraba crítico con el excesivo distanciamiento del Cuerpo General de la Armada, respecto a los otros Cuerpos de la Marina: " Aquel (el Cuerpo General) se consideraba superior y miraba a los demás por encima del hombro…." Fue injusto haber tenido postergado durante muchos años al cuerpo de maquinistas de la Armada y a otros auxiliares que realizaron siempre una función técnica muy valiosa. Los maquinistas poseen elevados conocimientos científicos y han sido en todo tiempo la garantía del comandante del barco para la buena marcha de éste…..
Benjamín Balboa López |
A pesar de su moderación, las nuevas disposiciones republicanas provocaron numerosos conflictos en la Armada. Según Benjamín Balboa, más de 300 cabos y sargentos serían expulsados de la Marina, entre 1933 y 1935, el bienio Lerroux-cedista. Benjamín Balboa López, Savonarola, era oficial de tercera radiotelegrafista, masón, miembro de la logia Atlántida y amigo de Martínez Barrio. Durante ese período, fue condenado a seis meses de prisión por su actividad pro-republicana dentro de la flota. Rehabilitado tras la victoria del Frente Popular, fue un hombre clave en las comunicaciones del Ministerio de Marina, con los barcos de la flota, en julio de 1936. Desde allí, animó a las tripulaciones a la rebelión y al amotinamiento contra los jefes y oficiales desleales con el gobierno de la República.
Este enfrentamiento corporativo tuvo una importancia decisiva en el resultado de la sublevación militar del 18 de julio, así como en el devenir de la guerra civil y la posguerra, tanto en el interior de la Marina, como en la ciudad de Cartagena. Una de estas consecuencias fue el resultado y las características de la represión republicana y franquista.
En primer lugar debemos señalar que más de la mitad de las víctimas, 362 (52%), se produjeron sólo en Cartagena, mientras que en la capital, Murcia, fueron 96 (13%). En Cartagena con la sexta parte de la población provincial, se produjeron más de la mitad de las víctimas por muerte violenta. La desproporción parece evidente.
En segundo lugar, en el conjunto de la provincia de Murcia, el 62% de estas 740 muertes, fueron civiles laicos o religiosos. Las Fuerzas de Seguridad y Orden Público mencionadas, 77 guardias civiles, casi en su totalidad, corresponden a una compañía de la Benemérita, sublevada en Albacete, y trasladada a Cartagena, donde estaban detenidos en el buque-prisión Rio Sil. El 28% restante, 206, serían militares. En Cartagena, los militares constituyeron más de la mitad de todas las víctimas mortales violentas, 197. Si incluyéramos a las Fuerzas de Seguridad, la cifra alcanzaría 268, es decir el 75%. Fuera de Cartagena, en el conjunto de la provincia, fueron sólo nueve los militares ejecutados, tres de ellos en Murcia capital. Entre los militares muertos en Cartagena destacan, sobre todo, los marinos profesionales, en su inmensa mayoría, jefes y oficiales de la Armada, pertenecientes al Cuerpo General. Por último señalar, el escaso número de religiosos muertos en Cartagena, con respecto a la capital y al total provincial.
De las tres Capitanías Generales de la Marina de Guerra, El Ferrol, Cádiz y Cartagena ésta última fue la única que se mantuvo fiel al gobierno republicano. El balance global de las víctimas mortales de la represión, en la Marina de Guerra, en el conjunto de la zona republicana, durante la guerra civil, fue de 319 jefes y oficiales (255 pertenecientes al Cuerpo General y 64 a los otros Cuerpos Patentados). Algo menos de la mitad de estas muertes, 143, se producen en Cartagena.
Los jefes y oficiales del Cuerpo General que secundaron la sublevación contra la República fueron duramente reprimidos. En su mayor parte, estas muertes violentas se produjeron, a manos de grupos extremistas incontrolados. Los asesinatos cometidos en las aguas y el puerto de Cartagena, en los buques prisión España nº 3 y Rio Sil, el 15 de agosto de 1936, son una muestra evidente de ello.
La represión republicana en Cartagena causó un notable impacto directo entre la oficialidad de la Armada. Ni su número, ni su proyección social y política fue comparable, a la del resto de la provincia de Murcia. Esta peculiaridad cartagenera aconseja un tratamiento diferenciado. Para la mejor comprensión de este fenómeno de “represión marinera” hemos optado por intentar una breve aproximación a hechos similares, producidos en entornos sociales, laborales y militares más cercanos a Cartagena, que el resto de la provincia de Murcia. Para ello, afortunadamente contamos con el riguroso estudio realizado por Xose Manuel Suárez Martínez, en la Comarca de El Ferrol, sobre 65 sumarios de los tribunales del Ejército (23) y la Marina (46), entre julio de 1936 y diciembre de 1939. No se trata tanto de efectuar comparaciones cuantitativas, sino de aproximarnos al carácter cualitativo de la represión, en un contexto social y temporal similar al de Cartagena, aunque situado en la zona franquista, en la que ganaron los sublevados, en julio de 1936.
Estos 65 sumarios constituyen las tres cuartas partes de los sumarios que supusieron ejecuciones y que produjeron el 87 % de las muertes por Consejos de Guerra. El número de muertes violentas reales sería aún mayor. En el conjunto de estos sumarios, se recogen 715 ejecuciones en la Comarca del Ferrol, un 90 % más que en Cartagena. Aproximadamente las dos terceras partes, 461 (64 %), sin sentencia judicial, es decir ejecuciones sumarias, al margen de la legalidad. La otra tercera parte, 254 (36 %), con sentencia judicial procedente de los Consejos de Guerra.
Al igual que en Cartagena, los meses de agosto y septiembre de 1936 son los de mayor dureza represiva, con un total de 384 ejecuciones, casi el 90 %, extra-legales. En septiembre de 1936, la media de ajusticiamientos es de siete diarios. Los “paseos” durante este período no respetaron ni a los que estaban procesados.
A diferencia de Cartagena, donde la mayoría de las víctimas eran Jefes y Oficiales del Cuerpo General; en El Ferrol, más del 95 % de los 136 marinos profesionales fusilados, tras ser condenados a muerte en Consejos de Guerra, eran suboficiales y marineros que pertenecían a los Cuerpos Auxiliares. Entre ellos, se incluyen 14 cartageneros destinados o prestando servicio, en la base naval gallega.
El segundo grupo de ejecutados está constituido por los trabajadores. Muchos de ellos procedentes de los astilleros ferrolanos. El Almirante Cervera Valderrama admite en sus memorias que:"…hubo que hacer un buen cribado entre el personal obrero…”. Aunque Cervera Pery es más explícito y concreto: “…Se produce el fusilamiento masivo de obreros que pintan leyendas republicanas en el costado de un barco en construcción, el Canarias y se diezma a las tripulaciones del España, el Cervera, el Contramaestre Casado, etc… “
Terminada la guerra civil, los fusilados por los franquistas en Cartagena, entre abril de 1939 y enero de 1945, fueron 176. Dos terceras partes fueron marinos, oficiales y suboficiales de los Cuerpos Patentados y Auxiliares y marineros; la otra tercera parte, civiles, trabajadores en su inmensa mayoría y algunos profesionales y funcionarios.
El 20 de abril de 1939, habían transcurrido menos de tres semanas de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, la Auditoría Militar de Cartagena informaba del trabajo realizado en ese breve período de tiempo. Se habían elevado a sumarios 150 procesos. Habían sido informados más de 450 sumarios a jefes, oficiales, suboficiales y auxiliares de la Armada. Además, se había constituido un Consejo Sumarísimo de Guerra de forma permanente, es decir, el procedimiento habitual pasaba a ser el Consejo de Guerra Sumarísimo. Con una media de treinta sumarios por día, incluyendo sábados, domingos y Semana Santa, parece evidente que tal diligencia policial y judicial no ofreció muchos derechos y garantías a los acusados.
Las primeras peticiones de pena de muerte de estos Consejos de Guerra se repartieron entre miembros de los distintos cuerpos de la Armada que habían permanecido fieles al gobierno republicano: el Contralmirante Camilo Molins Carreras, Comandante-General del Arsenal Militar durante el 18 de julio (Cuerpo General); Benito Sacaluga Rodríguez, Comandante de Máquinas del Jaime I (Cuerpo de Máquinas); y Juan Escobar Rodríguez, cabo fogonero (Auxiliares).
No obstante ello, al igual que en El Ferrol, en 1936, la mayoría de los fusilados en Cartagena, en 1939, eran marineros, oficiales, suboficiales y cabos de los Cuerpos Auxiliares. Sólo cinco miembros del Cuerpo General fueron pasados por las armas, ya que la inmensa mayoría de los 55 miembros de este Cuerpo, así como más de la mitad de los 4.200 marinos que habían huido con la flota a Bizerta, en marzo de 1939, no regresaron a España, quedándose en el exilio. Por tanto las cifras de la represión relativas a fusilamientos y cárcel deben contar con este hecho.
En cualquier caso, de acuerdo con los datos proporcionados por el Mº de Economía y Hacienda, en Cartagena, no menos de 1.733 jefes, oficiales y suboficiales del Ejército y la Marina y las Fuerzas de Seguridad, profesionales (616) y NO profesionales (1.117) fueron expulsados de las Fuerzas Armadas después de la guerra. Esta es una cifra mínima, ya que refleja aquellos militares republicanos que pudieron reclamar las pensiones correspondientes, a través de sí mismos, o de sus derechos-habientes. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que: Son todos los que están, aunque no están todos los que son.
Sacaluga y Escobar, fusilados el 29 de abril de 1939, inauguraron la larga lista de 112 jefes, oficiales, suboficiales y marineros ejecutados en Cartagena en los meses posteriores a la guerra. El Contralmirante Molins sería fusilado el 23 de junio. Los marinos victoriosos del Cuerpo General, no perdonaron a sus compañeros de armas, el hecho de haber permanecido por acción u omisión fieles a la República.
No obstante la cruda realidad de estas cifras, las consecuencias fueron más allá. No sólo en el tiempo, sino también en la actitud del régimen ante la ciudadanía y, especialmente, ante la clase obrera cartagenera. La supremacía militar sobre el poder civil no fue precisamente un hecho aislado en el régimen franquista. En este sentido, como tendremos ocasión de demostrar en las páginas posteriores, hay que constatar que desde de la Capitanía General de la Zona Marítima del Mediterráneo, con sede en Cartagena, se configuró un férreo control, de iure y de facto sobre la ciudad departamental, que va a condicionar notoriamente la actividad reivindicativa de los trabajadores cartageneros y de sus líderes naturales, a lo largo de toda la dictadura. Como hemos visto, los líderes del Cuerpo General de la Marina eran conscientes que no sólo debían poner en orden su propia casa, sino que la “limpieza ideológica” debía extenderse a los trabajadores de los astilleros y de la Maestranza. Más en Cartagena, donde habían triunfado las fuerzas republicanas y populares. Este hecho no podía repetirse nunca más.
La República suprimió las Capitanías Generales, convirtiéndolas en Bases Marítimas, en las que el mando perdió buena parte de las atribuciones de orden público, limitándose su autoridad al puerto, arsenal e instalaciones navales. Sin embargo, según Benavides, esta práctica de invasión e injerencia en el poder civil habría sido ampliada y continuada, en la práctica, por el Almirante Juan Cervera y Valderrama, a quien la República había nombrado Jefe de la Base Naval de Cartagena. Cervera despachaba diariamente con los jefes de la Policía y la Guardia Civil. Su poder no tenía precedentes en Cartagena. El Cuerpo General que había ejercido su autoridad fundamentalmente sobre la Marina, vino a ejercerla también sobre el pueblo. Cervera fue destituido.
A partir de abril de 1939, además de los Consejos de Guerra, este firme control castrense tendrá su primera manifestación en la militarización de la plantilla de la Sociedad Española de Construcción Naval, la “Constructora”. La militarización no quedó en una cuestión gratuita. En 1945, seis años después de finalizada la guerra, un grupo de cinco trabajadores del Consejo fueron condenados a tres penas de muerte, reclusión perpetua, y muchos años de prisión, por reunirse, escuchar radios extranjeras, difundir propaganda, y captar miembros para la Unión Nacional.
En tanto que trabajadores militarizados, se les juzgó como a los militares profesionales. No sólo se les sometió a un Consejo de Guerra Sumarísimo, sino que se les aplicó el Código Penal de la Marina. El Almirante-Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, Bastarreche, ratificó las sentencias del Consejo de Guerra. Al final el ministro de Marina, Salvador Moreno, indultó a dos de ellos de la pena de muerte, siendo ejecutado uno, Alfonso Martínez Peña, el Buzo, de 30 años, ordenanza en el Consejo fue el último fusilado por los tribunales militares franquistas, en la provincia de Murcia. Era militante del PCE y propagandista de la Unión Nacional. Fue ejecutado, en el patio del Arsenal, el 13 de enero de 1945.
Hasta los primeros años setenta, cada vez que los trabajadores de los astilleros emprendían algún tipo de iniciativa o acción sindical, que podía desembocar en un conflicto laboral, el fantasma de la militarización y el fusilamiento de Martínez Peña, planeaban sobre las gradas, los talleres de la empresa y la memoria de los trabajadores de la Bazán. Y es que, además de la Policía y la Guardia Civil, se ocupaba de ellos, el Servicio de Información Militar de la Marina (SIM), que con tal propósito tuvo establecida, durante todo el franquismo, una oficina permanente camuflada dentro del recinto de la Bazán, bajo el expresivo y eufemístico rótulo de Seguridad Industrial. Este grupo del SIM tenía por objeto informar a la Capitanía General sobre la actividad sindical y política de los trabajadores de los astilleros..........
Benito Sacaluga
La República suprimió las Capitanías Generales, convirtiéndolas en Bases Marítimas, en las que el mando perdió buena parte de las atribuciones de orden público, limitándose su autoridad al puerto, arsenal e instalaciones navales. Sin embargo, según Benavides, esta práctica de invasión e injerencia en el poder civil habría sido ampliada y continuada, en la práctica, por el Almirante Juan Cervera y Valderrama, a quien la República había nombrado Jefe de la Base Naval de Cartagena. Cervera despachaba diariamente con los jefes de la Policía y la Guardia Civil. Su poder no tenía precedentes en Cartagena. El Cuerpo General que había ejercido su autoridad fundamentalmente sobre la Marina, vino a ejercerla también sobre el pueblo. Cervera fue destituido.
A partir de abril de 1939, además de los Consejos de Guerra, este firme control castrense tendrá su primera manifestación en la militarización de la plantilla de la Sociedad Española de Construcción Naval, la “Constructora”. La militarización no quedó en una cuestión gratuita. En 1945, seis años después de finalizada la guerra, un grupo de cinco trabajadores del Consejo fueron condenados a tres penas de muerte, reclusión perpetua, y muchos años de prisión, por reunirse, escuchar radios extranjeras, difundir propaganda, y captar miembros para la Unión Nacional.
En tanto que trabajadores militarizados, se les juzgó como a los militares profesionales. No sólo se les sometió a un Consejo de Guerra Sumarísimo, sino que se les aplicó el Código Penal de la Marina. El Almirante-Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, Bastarreche, ratificó las sentencias del Consejo de Guerra. Al final el ministro de Marina, Salvador Moreno, indultó a dos de ellos de la pena de muerte, siendo ejecutado uno, Alfonso Martínez Peña, el Buzo, de 30 años, ordenanza en el Consejo fue el último fusilado por los tribunales militares franquistas, en la provincia de Murcia. Era militante del PCE y propagandista de la Unión Nacional. Fue ejecutado, en el patio del Arsenal, el 13 de enero de 1945.
Hasta los primeros años setenta, cada vez que los trabajadores de los astilleros emprendían algún tipo de iniciativa o acción sindical, que podía desembocar en un conflicto laboral, el fantasma de la militarización y el fusilamiento de Martínez Peña, planeaban sobre las gradas, los talleres de la empresa y la memoria de los trabajadores de la Bazán. Y es que, además de la Policía y la Guardia Civil, se ocupaba de ellos, el Servicio de Información Militar de la Marina (SIM), que con tal propósito tuvo establecida, durante todo el franquismo, una oficina permanente camuflada dentro del recinto de la Bazán, bajo el expresivo y eufemístico rótulo de Seguridad Industrial. Este grupo del SIM tenía por objeto informar a la Capitanía General sobre la actividad sindical y política de los trabajadores de los astilleros..........
Benito Sacaluga
(*) Texto recogido integramente de "Cartagena 1939-44: falangistas, republicanos y espías, en medio del hambre, la represión y la II Guerra Mundial". Autor :Antonio Martinez Ovejero.Publicado en Cartagena Historica (Ediciones Aglaya, Monográfico nº34, marzo 2008)
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ResponderEliminarhttp://savonarolamiscelanea.wordpress.com/2013/07/17/la-marina-la-republica-cartagena-y-la-represion-franquista-i/
Claramente tendencioso, nada creíble, con eufemismos de color.
ResponderEliminarse que el propietario del blog no lo va a aprobar .....
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