"La expresión Quinta Columna, atribuida por unos a Mola y por otros al General Varela, se usa desde 1936 para denominar en tiempos de conflicto bélico a los sectores de la población y ejército que mantienen lealtad hacia el bando enemigo, colaborando con este desde la clandestinidad e infiltrados en el ejército que defiende la zona o el país. Se trata pues de un conglomerado de personas desleales a la comunidad donde residen, colaboracionistas de muy diversas formas con el enemigo."
Cartel republicano denunciando a la 5.ª Columna.
El profesor de Historia en la Universidad de Murcia Pedro Mª Egea Bruno publica en 2022, un amplio y excelente trabajo del que se hace eco la Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), bajo el título de "El sabotaje durante la Guerra Civil: la industria naval de Cartagena". (https://portalinvestigacion.um.es/documentos/63c0b38b3df4c204fbb04dfb) , del que he extractado lo que sigue a continuación.
La implantación y desarrollo de la Quinta Columna en Cartagena se vio favorecida por la decisión del ministro de Marina de reponer en la Armada (Decreto de siete de mayo de 1937) a aquellos oficiales que habían sido dados de baja en la misma por su participación en la sublevación de Julio de 1936.
Derivados de esta decisión, el 18 de mayo de 1937 se llevaron a cabo nombramientos de responsabilidad a, entre otros, Patricio Rodríguez Roda, habilitado de teniente coronel de Ingenieros, fue designado Jefe del Arsenal; Lorenzo Pallarés Cachá, teniente coronel de Artillería de la Armada fue designado como Jefe de de los Servicios Industriales de fabricación de Bombas y Proyectiles; Antonio González Guzmán, capitán de Intendencia de la Armada ocupó el cargo de los Servicios de Intendencia y José Muñoz Vizcaino, coronel de Carabineros pasó a ser el Jefe de los Servicios de Orden Público.
Durante el periodo comprendido entre diciembre de 1937 y diciembre de 1938 se siguen incorporando a la Base a partidarios del la sublevación del 36. Carlos Esteban Hernández, alférez de navío, de filiación falangista, fue designado Jefe del Estado Mayor de la Base, a éste le sucedió el teniente de navío Fernando Oliva Llamusi, de igual significación, puesto que ocupó hasta el 1 de abril de 1939. José Montoya Pascual un fascista declarado, fue designado secretario de la Jefatura del Arsenal.
Los quintacolumnistas campaban a sus anchas por la Base, y lo que es peor de forma evidente. A los pocos días del sabotaje del acorazado “Jaime I”, el Comisario General de la Flota transmitía a Indalecio Prieto, ministro de Marina: «La impresión que tengo es que en la base y en Cartagena están incrustados muchos fascistas», Prieto no actuó. Más tarde, el 11 de mayo de 1938, el Jefe del Estado Mayor de Marina, con Prieto ya cesado en sus cargos, escribía a Juan Negrín, nuevo ministro de Defensa Nacional, tras una visita a la Base: «Moral derrotista. Mucho fascista con entera libertad de acción». Sin lugar a dudas la actuación de Quinta Columna en Cartagena fue demoledora tanto para la Armada como para la industria de guerra ubicada en Cartagena.
El 1º de noviembre de 1937, Prieto, a propuesta de Bruno Alonso, nombra al capitán de Ingenieros Rafael Crespo Rodríguez director jefe del Astillero, se olvidaba de que sobre él pesaba la sospecha de la voladura del acorazado "Jaime I" cuatro meses antes.
Con Crespo se inició el sabotaje a gran escala. Según su propio testimonio mantuvo sin ocupación a gran parte de la plantilla, a veces más del 50%. Redujo los turnos obreros de tres a dos, lo que implicaba la paralización de la actividad desde las 10 de la noche hasta las seis de la mañana. Multiplicó los costes de producción y retrasó de forma sistemática las obras a ejecutar, contando con la colaboración de los marinos. Una de las prácticas utilizadas fue el escalonamiento en las peticiones de obras. Dilató y entorpeció la compra de materiales, con errores en las medidas, «inexplicables en un ingeniero de su capacidad técnica, dejando de observar las más elementales reglas de previsión y coordinación de pedidos, con los consiguientes retrasos, ensayos y trabajos innecesarios Ocurrió tanto en la obra naval como en la fabricación de proyectiles, cuya producción diaria de 150 unidades se podía haber multiplicado con una mano de obra aleccionada por la dirección. La labor de Crespo se distinguió por las dificultades que opuso al alargamiento del dique seco proyectado en 1933, a pesar de su urgente necesidad, como aparecía reflejado en la memoria presentada a Indalecio Prieto por Luis González de Ubieta, jefe del Estado Mayor de la Marina. Crespo dio cuenta de la peligrosidad de su empleo, falseando cálculos y boicoteando las bombas de desagüe para simular filtraciones, consiguiendo retardar la rehabilitación del crucero "Libertad", alcanzado por la aviación enemiga el 17 de junio de 1938, obviando que meses atrás se había varado en las mismas condiciones al "Miguel de Cervantes" .
Las dilataciones lastraron la eficacia de la flota. Ese fue el objetivo declarado por Crespo: «El criterio mantenido de retardar las operaciones y el entrelazado de éstas, permiten asegurar que solo en rarísimas ocasiones han salido los tres cruceros rojos juntos a la mar», retrasos en las reparaciones que se puede ver en el siguiente Cuadro:
Las consecuencias eran de una enorme gravedad, como declaró Pedro Rodríguez Contreras, coronel auditor de la Armada: «…siempre había fuera de servicio tres o cuatro destructores» . De este modo, el "Libertad" tuvo que combatir solo con los barcos enemigos que, desde noviembre de 1937, tras el control del Cantábrico, incrementaron su presencia en el Mediterráneo.
En las filas republicanas hubo más que sospechas de aquellas acciones. Desde el ministro y el comisario al último eslabón de la cadena, pasando por las distintas afiliaciones políticas y sindicales. A la impunidad contribuyeron la ineficacia de las medidas adoptadas, el papel del Servicio de Información Militar (SIM), más pendiente de las cuestiones políticas que industriales, la nula formación técnica de los comisarios y la propia red quintacolumnista, que sirvió de amparo a los saboteadores. En última instancia, contaron con el respaldo del Cuerpo Jurídico, que imposibilitó la actuación de la justicia contra los responsables de las acciones encubiertas.
Hubo denuncias, como las cursadas por el propio jefe de la flota, Miguel Buiza, entre otras sobre la reparación del destructor "Sánchez Barcáiztegui", dando un parte «redactado en términos casi violentos», en el que aludía a la necesidad de realizar una rápida y rigurosa investigación sobre las actuaciones de los ingenieros, en particular de Pedro Vargas Serrano y Patricio Rodríguez Roda. Hizo otro tanto el también jefe de la flota González Ubieta cuando solicitó enjuiciar a los responsables de las averías y consiguiente inutilización del destructor "Lazaga". También el SIM acusó al Taller de Óptica, «…por demora en las obras y sabotaje». Se abrieron sumarios, pero quedaron en nada, como los instruidos a Pedro Vargas y Rafael Crespo. Las detenciones por sabotaje fueron contadas, sin que se produjera ningún procesamiento.
El balance no pudo ser más negativo para la República.
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