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domingo, 12 de mayo de 2013

EL BORBÓN


El uno  de noviembre de 1700 fallece Carlos II El Hechizado, rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, Soberano de los Países Bajos, Duque de Milán. Era hijo de Felipe IV de España y Mariana de Austria. Ultimo rey de España perteneciente a  la casa de Austria.

Posiblemente a  causa de los numerosos matrimonios consanguíneos habidos en su familia fue desde su nacimiento una persona enferma, raquítica, no muy inteligente, mas bien poco, y estéril, incapacitado por tanto para tener descendencia, circunstancia  que puso fin a la dinasta de los Austria en el trono de España y dio lugar al correspondiente conflicto sucesorio. A la muerte de Carlos II, y refrendado por su cuestionado testamento, le sucede en el trono de España Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de su hermana la infanta María Teresa de Austria, convirtiéndose así en Felipe V de España, el primer rey español de la dinastía Borbón. El 18 de febrero llegó a Madrid y se instaló en el palacio del Buen Retiro, esperó al 14 de abril para la toma de posesión

Escudo de la Casa de Borbón
Una subida al trono plagada de incidentes y posiciones encontradas dentro y fuera de España, al ser considerado un rey ilegítimo por los partidarios del Archiduque Carlos de Austria. En septiembre de 1701 los austriacos penetran en Italia ocupando las posesiones española. Austria, Inglaterra y los Países Bajos firman el Tratado de la Haya y en 1702 declaran la guerra a España dando lugar a la llamada Guerra de Sucesión Española. En 1713 el Archiduque Carlos fue elegido emperador de Alemania. Las potencias europeas, temerosas ahora del excesivo poder de los Habsburgo, retiraron sus tropas y firmaron ese mismo año el Tratado de Utrecht, en los que España perdía sus posesiones en Europa y conservaba los territorios metropolitanos (a excepción Gibraltar y Menorca, que pasaron a Gran Bretaña) y de ultramar. No obstante, Felipe fue reconocido como legítimo rey de España por todos los países, con excepción del archiduque Carlos, entonces ya emperador, que seguía reclamando para sí mismo el trono español.

En 1724 inmerso en una de sus continuas crisis de melancolía abdica en su hijo Luis de 17 años de edad y entronizado como Luis I de España. Un reinado que dura apenas seis meses controlado por la reina Farnesio desde La Granja. A la muerte de Luis I. Felipe V vuelve al trono y el día 25 de noviembre de 1724 se jura príncipe a Fernando, el que había de ser Fernando VI, desde aquí llegamos al actual Juan Carlos I.

Volviendo hacia atrás en la historia tenemos que remontarnos al año 1.500 para encontrar entre las monarquías española al último rey netamente español, lo hayamos en la figura de Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos e hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, hermano de Fernando I Archiduque Soberano de Austria y padre de Felipe II, casado éste con Ana de Austria y responsable de la Casa de Austria. Puede afirmarse por tanto la existencia de sangre española en la creación de la Dinastía de los  Austria. 

Sin embargo la Dinastía Borbónica no es de origen español. La rama de Borbón procede de un hijo de Luis IX de Francia, Roberto de Clermont. El primer duque de Borbón fue su hijo, Luis I de Borbón en 1317. Un término el de Borbón que procede de la adaptación al español que Felipe V llevó a cabo del original francés Bourbon nada más subir al trono. En definitiva una dinastía de origen netamente francés y profusamente aceptado en su escudo, plagado de francesas flores de lis.

A modo de resumen:
  • Casa de Austria: Dinastía iniciada con sangre española por el nieto de los Reyes Católicos.
  • Casa de Borbón. Dinastía iniciada con sangre francesa por el hijo de Luis IX de Francia.


En 1931 España se deshizo de la monarquía, los Borbones dejaron España. En 1975, cuarenta y cuatro años después, casi medio siglo, un dictador la volvió a instaurar, a esto se le llamó transición, yo no tengo más remedio que calificar a este suceso como de  retroceso histórico y dar toda la razón al republicano Victor Hugo cuando dijo :
"Los reyes son para aquellas naciones que están en pañales”.




Benito Sacaluga



jueves, 4 de abril de 2013

LA MONARQUIA, EL ETERNO PROBLEMA



A finales de 1.930, Ortega y Gasset publicó un artículo en el diario El Sol a cuenta del General Berenguer, sucesor del general golpista Primo de Rivera, que con la connivencia del rey Alfonso XIII instaló la dictadura en España en 1.923 

En esos momentos el rey Alfonso XIII pretendía hacer olvidar los años de dictadura militar por él consentida, presentando a Berenguer como una especie de primera transición, de una vuelta a la normalidad política e institucional, de un bálsamo para la decadente monarquía, un gobierno que fue conocido como la dictablanda. 

El artículo de Ortega bien podría hoy en día, y por supuesto en los años en que se pergeñó nuestra "transición, después de muy ligeras adaptaciones sobre aspectos temporales y numéricos, disfrutar de una actualidad tan pasmosa como real, y desde luego su latina frase final sería hoy cabecera de la opinión de millones de personas tanto dentro como fuera de España, y todo ello a pesar de que la dictadura sufrida por los españoles en aquella época "solo" fue de 7 años, y no de más de 40 como es el caso de todos los españoles que aún respiraban en abril de 1939 y de todos sus descendientes.

El articulo, como digo, se publicó a finales de 1930, en el mes de noviembre concretamente, cinco meses después se proclamaba en España la II República.



 

El error Berenguer

No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual y quedará inscrito en la historia de nuestro país.
Estos párrafos pretenden dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué consiste desliz tan importante, tan histórico.
Para esto necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han cometido error alguno en su actuación concreta y particular. Después de todo, no está esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo, ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas la situación estudiantil no se haya convertido en un conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas «derechas» no se lo agradecen porque la especie humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente «generosamente» exquisita gratitud hacia quien le quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre de la «derecha», es profundamente ingrato.
Es probable también que la labor del señor Wais para retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero, sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas, y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la opinión general, que concede tanta importancia al problema de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo que constituye el problema verdaderamente grave, catastrófico y sustancial de la economía española -nótese bien, de la española-. Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr. Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España, y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error que es.
Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a presentar. En nuestro caso se trata de una política sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien veces lo ha repetido el señor Berenguer. La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como «¡buenos días!», conviene que el lector se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus medios son... los normales.
Yo no recuerdo haber oído hablar nunca de una política más sencilla que ésta. Esta vez, el Poder público, el Régimen, se ha hartado de ser sencillo.
Bien. Pero ¿a qué hechos, a qué situación de la vida pública responde el Régimen con una política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo sabemos. La situación histórica a que tal política responde era también muy sencilla. Era ésta: España, una nación de sobre veinte millones de habitantes, que venía ya de antiguo arrastrando una existencia política bastante poco normal, ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto, podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo estupefacto ante el hecho de que todavía ningún sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer notar a los españoles minuciosamente y con pruebas exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo rigor, encontrar un régimen de Poder público como el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes. Sólo el que tiene una idea completamente errónea de lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la situación de derecho público en que hemos vivido es más salvaje todavía, y no sólo es anormal con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el rango de una insólita anormalidad en la historia humana. Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso, precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-, es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los pueblos salvajes.
La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Esa mano ha hecho saltar las puertas de las cajas de los Bancos, y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir todo género de opiniones estultísimas, hasta sobre la literatura que los poetas españoles. Claro que esto último no es de importancia sustantiva, entre otras cosas porque a los poetas los traían sin cuidado las opiniones literarias de los dictadores y sus criados; pero lo cito precisamente como un colmo para que conste y recuerde y simbolice la abracadabrante y sin par situación por que hemos pasado. Yo ahora no pretendo agitar la opinión, sino, al contrario, definir y razonar, que es mi primario deber y oficio. Por eso eludo recordar aquí, con sus espeluznantes pelos y señales, los actos más graves de la Dictadura. Quiero, muy deliberadamente, evitar lo patético. Aspiro hoy a persuadir y no a conmover. Pero he tenido que evocar con un mínimum de evidencia lo que la Dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho.
Y que a ese hecho responde el Régimen con el Gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos «como si» aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal.
Eso, eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España.
Pero no es eso lo peor. Lo peor son los motivos por los que cree poderse contentar con ofrecer tan insolente ficción.
El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad, -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerable, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanta mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extenuado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.
He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer.
Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los siete años de Dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas sociológicas, nada equivocadas, que sobre España posee el Régimen actual, está esa de que los españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como sacramental de la convivencia civil- con instintos simonianos. Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. El Estado en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.
Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran vilt`» que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.
Y no vale oponer a lo dicho que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable. No discutamos ahora las causas de la Dictadura. Ya hablaremos de ellas otro día, porque, en verdad, está aún hoy el asunto aproximadamente intacto. Para el razonamiento presentado antes la cuestión es indiferente. Supongamos un instante que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!
Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo un general amnistiado.
Este es el error Berenguer de que la historia hablará.

Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!
Delenda est monarchia.- 

(La monarquía está acabada)

José Ortega y Gasset.





martes, 29 de enero de 2013

LA PAZ QUE FRANCO NO QUISO FIRMAR

El cinco de marzo de 1939 el Coronel de Caballería Segismundo Casado encabeza el golpe de estado contra el gobierno de Juan  Negrín y se pone al frente del recién constituido Consejo Nacional de Defensa, el organismo que negoció con Franco la rendición de la República, intentando poner fin a una guerra que comenzó con un golpe de estado y Casado pretendía terminar con otro. Operación que permitió que las fuerzas sublevadas ocuparan sin resistencia los últimos territorios españoles que aún estaban bajo la bandera republicana. Toda las plazas aún republicanas ubicadas en la región Centro-Sur de la península cayeron en manos de los rebeldes prácticamente sin ninguna oposición militar.

Mientras tanto el Coronel Casado viaja a Valencia y desde allí a Gandía donde embarca rumbo a Marsella en un buque de bandera británica. Pasados unos meses parte hacía Inglaterra permaneciendo allí hasta 1951 cuando en compañía de su recién llegada familia emprende viaje hacia Venezuela y desde allí a Colombia donde finalmente se establece como exiliado siendo objeto del lógico rechazo del resto de republicanos españoles que no olvidan el golpe de estado que llevó a cabo así como su  constante negativa a significarse políticamente. Regresa a España en la década de los sesenta y es sometido a un  Consejo de Guerra del que sale absuelto de todo cargo, incluso del comúnmente aplicado a todos los militares republicanos "Rebelión Militar", no obstante haber sido la mano derecha del Ministro de Defensa  Indalecio Prieto, organizador de las Brigadas Mixtas y haber participado activamente en la defensa de Madrid y en las batallas de Brunete y Jarama. Después de haber sido "absuelto" intenta  seguir carrera militar en los ejércitos franquistas pero sus pretensiones son rechazadas de plano, lógicamente. 

El Consejo Nacional de Defensa fundado por Casado tenía un objetivo fundamental y exclusivo y consistía en negociar con Franco la capitulación del ejercito republicano con la única contrapartida de garantías de ausencia de represalias para los vencidos. En este sentido Casado resumió las condiciones para la rendición en tres párrafos :
  • 1.- Independencia e integridad nacional
  • 2.- Eliminación de toda clase de represalias
  • 3.- Expatriación de todos aquellos que desearan abandonar el suelo español siempre que no estuvieran incursos en delitos contemplados por el Código Penal Común
A la vista del documento redactado por Casado, Franco responde insistiendo en que la rendición debía ser incondicional y en que a los vencidos no podía quedarles otro recurso que entregarse a la benevolencia de los vencedores, benevolencia que quedaba suficientemente garantizada por los sentimientos cristianos que todos los componentes de la Gloriosa Cruzada poseían. No obstante consiente en que se entablen conversaciones entre los dos bandos, condicionando a que los representantes republicanos sean militares, excluye a Besteiro propuesto por Casado y al mismo Casado como componentes de la comisión. Finalmente la comisión republicana queda formada por el Tte.Coronel de Estado Mayor Antonio Garijo Hernández y el Comandante de Caballería Leopoldo Ortega Nieto, ambos jefes de las Secciones de Información y Organización del Grupo de Ejércitos. Por parte franquista se nombra a  a los coroneles Luis Gonzalo Victoria y José Ungría Jiménez y a los comandantes Carmelo Medrano Exquerra y Eduardo Rodriguez Madariaga, miembros del Cuartel general y del Estado Mayor.

Después de dos días de conversaciones se redacta finalmente un documento, un acuerdo para la rendición que es elaborado por los franquistas. El escueto documento consta de ocho apartados y dice como sigue :

  • 1.- La España nacional mantiene cuantos ofrecimientos de perdón tiene hechos por medio de proclamas y de la radio y será generosa para cuantos, sin haber cometido crímenes, hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha.
  • 2.- Para los Jefes y Oficiales que depongan voluntariamente las armas, sin ser responsables de la muerte de sus compañeros, ni de otros crímenes, aparte de la gracia de la vida, la benevolencia será tanto mayor cuanto más significados y eficientes sean los servicios que en estos momentos presten a la causa de España, o haya sido menor su intervención y su milicia en la guerra.
  • 3.- Los que rindan las armas, evitando sacrificios estériles y no sean reos de asesinatos y otros crímenes graves, podrán obtener un salvaconducto que les ponga fuera de nuestro territorio, conservando mientras tanto plena seguridad personal.
  • 4.- A los españoles que en el extranjero rectifiquen su vida, se les dispensará protección y ayuda.
  • 5.- Ni el mero servicio en el campo rojo, ni el haber militado simplemente en campos políticos al Movimiento Nacional, serán motivo de responsabilidad criminal.
  • 6.- De los delitos cometidos durante el dominio rojo solo entienden los tribunales de justicia. Las responsabilidades civiles se humanizaran para las familias de los condenados.
  • 7.- Nadie será privado de libertad por actividades criminosas más que el tiempo necesario para su corrección o reeducación.
  • 8.- El retraso en la rendición y la estéril resistencia a nuestro avance serán causa de graves responsabilidades, que exigiremos en nombre de la sangre inútilmente derramada.
El documento no se llegó a  firmar, Franco se opuso tajantemente, de todas formas habría dado lo mismo. El día 30 de marzo los franquistas ocupaban Alicante, la última capital bajo mando republicano, al día siguiente se firmó el último parte de guerra en el Cuartel General de Franco, parte que califica como cautivo a todo el ejercito republicano. Inmediatamente después se puso en marcha la maquinaria represora, ninguno de los ocho puntos del borrador de condiciones de rendición se respetó lo más mínimo, la única salida para los republicanos era huir, Miaja y Casado se apresuraron en hacerlo. 

Franco ya tenía la guerra ganada y preparada su maquinaria aniquiladora, no hubo mediación internacional para los vencidos, cosa que Franco quería evitar a toda costa. Sin las actuaciones de Casado  al menos mucha gente no habría concebido falsas esperanzas y tal vez hubieran podido marcharse a tiempo o permanecer escondidos, también quizás se pudieran haber evitado las más de mil muertes del  Castillo de Olite, hundido por las baterías de costa de Cartagena, baterías que los sublevados creían bajo su control tras el intento de sublevación casadista en Cartagena,  intervención de  un golpista que justificaba su delito con la única excusa de que así salvaba a España de la hordas comunistas.  En definitiva, y al fin y al cabo un golpista, que curiosamente cuando comenzó la guerra y desde 1935 era el Jefe de la Escolta del Presidente de la República, el escudo de una presidencia a la que finalmente traicionó cuando el resultado de la guerra estaba ya decidido, y que se puede esperar de la palabra de Franco, otro golpista a la postre convertido en dictador y máximo responsable de todas las atrocidades que se vivieron en España desde abril de 1939 hasta el día de su muerte.

Se celebraron miles de consejos de guerra sumarísimos en los que indefectiblemente el principal motivo de acusación era el de rebelión militar y traición, penas de muerte o prisión perpetúa, campos de concentración, fusilamientos en los campos, las calles o en los cementerios, paseos, fosas comunes, cunetas llenas de cadáveres, persecución implacable a todos los militantes o simpatizantes de partidos de izquierdas o sindicatos de trabajadores y a sus familias, a intelectuales, a homosexuales, cárceles a rebosar por decenas de años, trabajos forzados, miseria, hambre, a los barcos repletos de exiliados la marina franquista les impedía zarpar, exiliados que nunca pudieron volver a su país,  creación de nuevos tribunales para la persecución de cualquier idea contraria al régimen, censura brutal en los medios de comunicación, cine y teatro, prohibición de reuniones de más de tres personas, ausencia total de libertades.......... represión policial desde 1939 hasta 1975, fecha en la que se llevaron a cabo los últimos fusilamiento franquistas por motivos políticos, el país entero y sus recursos repartido entre militares, iglesia, nobleza, gobierno y empresarios colaboradores con el ejercito sublevado... todo ello vivido estrechamente junto a Franco por Juan Carlos de Borbón desde 1950, cuando contaba doce años de edad y hasta la muerte de su mentor en 1975. Ahora, hoy y desde hace 37 años, el elegido de Franco es el rey de España, no sin antes haber jurado acatar los Principios Fundamentales del Movimiento y sus leyes, juramento del que aún hoy no ha renegado. Atado y bien atado.

Benito Sacaluga

domingo, 2 de diciembre de 2012

LA CORONA INTERINA


Se van a cumplir 34 años desde que se aprobó la vigente Constitución Española, la denominada "Carta Magna".

Entre los muchos vacíos que la carta tiene se encuentra uno de muy especial relevancia y que afecta ni más ni menos que a la gobernabilidad del estado. Me estoy refiriendo al que se deriva de su Titulo II, artículo 57.5 y que trata sobre la abdicación o renuncia a la corona. En el citado artículo queda establecido "que tanto las abdicaciones o renuncias, y en cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona, se resolverán por una ley orgánica" ,  leyes éstas que deben ser aprobadas  en  el parlamento por mayoría absoluta, es decir con la mitad más uno de los votos de nuestros diputados en el Congreso y senadores en el Senado.


Después de 34 años de la redacción y aprobación del Titulo II,  la ley orgánica que establece como de obligatoria creación para resolver las cuestiones sucesorias no existe, encontrándonos desde entonces ante un vacío legal. Si el rey, actualmente con 75 años de edad y precaria salud, se viera incapacitado para desempeñar sus funciones, deberíamos improvisar deprisa y corriendo los mecanismos necesarios y "convenientes" para que su hijo Felipe se ciñera la corona.

No todos los expertos en estos temas coinciden en la necesidad de aprobar ya la ley orgánica y tener los deberes hechos si se llegase a producir una abdicación del rey, unos están a favor de su tramitación inmediata y otros se decantan por esperar hasta que se produzca la necesidad imperiosa de abdicación y en estas andamos, una vez más desoyendo el mandato constitucional que no es otro que la redacción y aprobación de la tan mencionada ley orgánica.

Uno de los problemas de las monarquías y el que más ríos de sangre ha hecho correr a lo largo de la historia junto con los derivados de la religión, es precisamente el conflicto sucesorio en las monarquías , la abdicación o renuncia a los tronos. Si nos centramos en España y hasta el día de hoy jamás un rey a abdicado o renunciado a la corona de forma voluntaria y en circunstancia normales a nivel general y todos sin excepción lo han hecho obligados precisamente por las circunstancias, en muchos casos de forma violenta y siempre con consecuencias traumáticas.

Otro de los problemas de las monarquías se deriva de la capacidad de los coronados para ejercer sus funciones, en esto estamos como cuando después de haber hecho la mili te entregaban una cartilla en la que se reflejaban tus aptitudes y en la que se hacia constar "el valor se le supone". Si esta capacidad para reinar es ya escasa en la juventud,  y más escasa en la madurez, tal y como sucede con nuestro rey, lo normal es que llegada la ancianidad la incapacidad mental sea total y además se vea agravada por problemas de salud relevantes y diferentes a los mentales como también es el caso, lo que haría necesaria la inhabilitación del monarca, una inhabilitación que honrosamente se vería travestida de abdicación por problemas de salud. Otra cuestión muy importante es saber quien determina o diagnostica tal incapacidad para seguir ejerciendo la jefatura del estado.

No debemos olvidarnos de los problemas por los que a nivel de imagen atraviesa actualmente la casa real, problemas de los que al igual que los icerbers solo conocemos su tercera parte, mal momento pues ahora para que el parlamento se ponga a redactar una ley que tiene como objeto definir las condiciones en las que se debe producir el relevo en la corona ostentada por un rey vivo. La presunta corrupción de miembros de la casa real y de sus nobles más allegados no es un tema baladí aunque así lo quieran hacer parecer los medios de comunicación a las ordenes del gobierno, los partidos o la mismísima Zarzuela, y un movimiento de los políticos relacionado con la abdicación del monarca no haría más que empañar, más aún si cabe, la conveniencia de la monarquía como sistema de estado en España, ellos lo saben (PP y PSOE) y por tanto no moverán pieza hasta que la situación de incapacidad del monarca sea tan manifiesta que produzca hasta pena. Como diría Rajoy "ahora eso no toca". El resto de partidos callan esperando su momento. Llegado el momento y si la ley solo cuenta con mayoría absoluta, cosa más que probable, estaríamos ante una manifestación encubierta de rechazo al sistema monárquico por parte de los votos efectuados en contra de la aprobación de la ley y no debemos olvidar que a nuestros representantes los elige el pueblo español y son por tanto depositarios de nuestros votos en Congreso y Senado.

Tal y como está el panorama en España y la creciente voluntad republicana de los españoles, nuestros gobernantes se enfrentan al dilema de si coger al toro por los cuernos antes de que el clamor republicano sea mayor o esperar tiempos mejores deseando larga vida y salud mental al rey.Una huida hacia adelante más para evitar enfrentarse a verdaderos problemas con tal de no hacer peligrar los privilegios adquiridos en casi 34 años. 

Al fin y al cabo serán ellos, los políticos y no nosotros, ni el rey, los que decidirán como y cuando se debe relevar al monarca a través de una ley por ellos redactada y aprobada, lo que viene a demostrar una vez más la inutilidad y ausencia total de Juan Carlos I, una ley orgánica franquista le dio el trono de una España reprimida por el franquismo y la iglesia y una ley orgánica de última hora le dirá cuando debe retirarse a sus cotos de caza y dar paso a un heredero cuyo único merito conocido es ser el hijo de un discípulo de Franco, hoy en día justamente desprestigiado y que aún habiendo transcurrido 34 años sigue sin jurar la Constitución Española y sin renegar del juramento prestado a los Principios Fundamentales del Movimiento Franquista.

Cosas de las monarquías, unos esos sistemas donde parte de la población ( sus súbditos)  no puede escapar como consecuencia de que no es consciente de su prisión.