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viernes, 29 de abril de 2022

SANGRE EN CARTAGENA UN 29 DE ABRIL



Según los cronistas, el 29 de abril de 1939, hace 83 años, en Cartagena lucia el sol primaveral, sin embargo la oscuridad y el miedo se habían hecho dueños de la ciudad....y de todas las ciudades españolas. Cartagena había sido oficialmente ocupada por las tropas franquistas el último 30 de marzo. Desde ese mismo día la maquinaria de la represión se puso en marcha, principalmente soportada en el contenido del  Bando emitido por la Junta de Defensa Nacional (28/07/1936) declarando el Estado de Guerra. En dicho Bando se indicaba que todos aquellos que se opusieran a las nuevas autoridades serían juzgados. Ni que decir tiene que aquellos que prestaron sus servicios en los ejércitos de la República se convirtieron en objetivos preferentes, objetivos que en Cartagena estaban especialmente representados por los marinos de la Flota Republicana que no habían partido hacia Bizerta a primeros de marzo, también la sufrieron aquellos marinos republicanos que volvieron a la Península confiados en las promesas de justicia y benevolencia, llevadas a cabo por los marinos franquistas desplazados a Túnez para hacerse cargo de la Escuadra republicana allí fondeada. Los que no volvieron se libraron de la represión, pero les esperaba un terrible e interminable exilio, lejos de sus familias y de España.


Tropas de la IV División Navarra 
desfilando por la Cartagena recién ocupada (31/03/1939)
(Imagen: La represión Franquista en Cartagena 1939-1945. 
Pedro María Egea Bruno

Dada la ingente cantidad de personas a procesar, se hizo necesaria la creación de consejos de guerra permanentes. Tan solo en tres semanas se habían elevado a sumario 150 Causas e informado de más de 450 sumarios de jefes, oficiales y auxiliares de la Armada. Tras los consejos de guerra, una total farsa para justificar los asesinatos, venían las penas, muchas de ellas de muerte, otras de reclusión perpetua o largos años de cárcel y todas ellas por el delito de "rebelión militar", un delito instruido y juzgado precisamente por aquellos militares que fueron los únicos que diseñaron y participaron en una rebelión militar contra el legítimo Gobierno de la II República. Todo ello amparado por un Código de Justicia Militar que modificaba sustancialmente el vigente antes de la sublevación de 1936 (ver Código de Justicia Militar. José María Dávila. Teniente Auditor de Guerra de 1ª Clase. Imprenta Aldecoa. 3ª Edición. Burgos 1938).

Consejos de Guerra cuyos integrantes, todos sin excepción e incluidos los abogados defensores, se habían sublevado aquel fatídico mes de julio de 1936. En el caso de haber testigos todos ellos eran de la acusación y sus testimonios ya habian sido previamente dirigidos y pactados con el fiscal.

Como he dicho antes, el delito de Rebelón Militar nunca faltaba de entre los cargos. Además, a modo de remate, se imputaban a los reos cargos como los de asesinato, comunismo, masonería....además de lo explicitado en la nefasta Ley de Responsabilidades Políticas recién firmada por Franco en febrero de 1939, 

El Teniente Coronel Maquinista de la Armada republicana Benito Sacaluga Rodríguez no partió con la Flota hacia África a primeros de marzo. Su conciencia estaba tranquila, solo había cumplido con su juramento de lealtad a la República y su mujer junto a sus  nueve hijos estaban con él en Cartagena. El mismo día 30 de marzo fue detenido e ingresado en prisión. Se le abrió la Causa 4/39, tras la instrucción se dispuso la celebración de un Consejo de Guerra Sumarísimo. Además de la acusación de Rebelión Militar, al no haberse pasado a la Armada franquista y permanecer en su puesto en el seno de la Flota Republicana, se le imputaron varios crímenes, sin que en ninguno de ellos hubiese participado. En verdad, su único "delito" fue permanecer en su puesto y luchar contra los sublevados desde el primer día de la guerra hasta el último, más que suficiente para que los facciosos le condenasen a muerte.

El 29 de abril de 1939 Benito Sacaluga, a la edad de 56 años, fue pasado por las armas, convirtiéndose así en el primer ejecutado en el Arsenal de Cartagena una vez acabada la guerra. Por indicación del Cuartel General de Franco, (Burgos Orden 4118-2797), se obligó a todo el personal militar y civil del Arsenal a presenciar la ejecución y desfilar ante el cadáver cantando el "cara al sol" y dando vítores a Franco...., según testigos presenciales fue un momento terrible...

La familia, esposa y nueve hijos, no fue informada de la ejecución, no pudieron despedirse de él. Su cuerpo fue trasladado al Cementerio Municipal de Cartagena y sepultado en la tristemente famosa "Parcela X". 

Sus servicios a la causa republicana fueron innumerables. El 18 de julio de 1936, siendo Comandante de Máquinas del acorazado “Jaime I”, colaboró decididamente en evitar que la sublevación a bordo triunfase. Se mantuvo en ese cargo hasta junio de 1937, fecha en la que el acorazado fue hundido en el puerto de Cartagena a causa de un sabotaje. Ascendido a Teniente Coronel fue nombrado Jefe de los Servicios de  Inspección de Maquinas de la Flota, cargo que ejerció hasta finalizada la guerra. 

Decidido firmemente a que el espíritu democrático y la igualdad fueran instaurados en la Armada, diseñó lo que más tarde sería la Escuela Naval Popular, de la cual fue Director. Según sus propias palabras:

"No olvidemos en la nueva organización de la Marina de Guerra, que ésta ha de estar exclusivamente  al servicio del Pueblo"

“Que el día de mañana podamos decir aquí tenemos una Marina de guerra eficiente, dotada con hijos del pueblo al servicio del mismo, y no una deficiente que sea la preocupación de él, como sucedía con la mayoría de los organismos militares, con anterioridad al 18 de Julio de 1936”. (Semanario “La Armada” 02-04-1938).

Con la llegada de la dictadura, la Escuela Naval Popular, el gran proyecto de Sacaluga para democratizar la Armada, dejó de existir. Un proyecto hecho realidad en 1938 que,  a buen seguro, hoy en día sería un gran avance que la Armada lo retomase y pusiese en práctica.

Colaboró asiduamente en la prensa cartagenera y en los diarios oficiales editados a bordo de los buques, también en el Semanario “La Armada”. El contenido de sus artículos, siempre defendiendo la causa republicana, fue utilizado en su contra como prueba de cargo durante el Consejo de Guerra. Su republicanismo nunca estuvo en duda, hasta un destacado historiados franquista especializado en la Armada le llega a calificar como “republicano fiel” cuando a él se refiere.

Gracias a la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, desde el año 2010 los restos del Tcol. Benito Sacaluga Rodríguez, arrojados por el franquismo a una fosa común, reposan en una digna sepultura junto a los de otros 50 asesinados más, en el cartagenero Cementerio de los Remedios.

En su lápida se puede leer:


CAÍDOS POR LA LIBERTAD

FUSILADOS POR EL

RÉGIMEN FRANQUISTA

POR SU LEALTAD A LA

REPÚBLICA ESPAÑOLA

1939 - 1940 


Sepultura que acoge los restos de Benito Sacaluga
junto a otros 50 represaliados por el Franquismo
en el periodo 1939-1940.
Cementerio de Los Remedios (Cartagena)

Desde aquí, una vez más, reitero mi agradecimiento a la Asociación Memoria Histórica de Cartagena.

Salud y República.


Benito Sacaluga.


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lunes, 13 de diciembre de 2021

MARINOS REPUBLICANOS EN LA UNIÓN MILITAR REPUBLICANA ANTIFASCISTA (UMRA)


Ante la actividad de Unión Militar Española (UME), una parte de los militares españoles que se oponen a sus postulados y objetivos fundan en 1934 la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), una asociación clandestina impulsada por el coronel Eleuterio Díaz-Tendero Merchán, cuyos objetivos no eran otros que defender la República como forma de Estado y contrarrestar en el seno del ejército la influencia de la derecha más reaccionaria y conservadora que representaba la UME.



Eleuterio Díaz-Tendero Merchán

Las elecciones generales de noviembre de 1933 habían dado el triunfo al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que forma Gobierno con el apoyo en el Congreso de la derecha católica de la CEDA de Gil Robles y el Partido Agrario. Más tarde, en octubre de 1934 la CEDA entra a formar parte activa en el seno del Gobierno, oscureciendo aún más lo que se dio en llamar "Bienio Negro" (Noviembre 1933- Febrero 1936).

En diciembre de 1933 se crea Unión Militar Española (UME), la impulsan grupos de militares descontentos con la reformas militares de Azaña, y, sin el menor reparo, defensores del fracasado Golpe de Estado del General Sanjurjo (1932). Es más, desde sus filas llegaba a acusarse a cierta parte del Ejército de ser antiespañol. Ya se podía leer en sus proclamas alusiones explicitas en contra de la masonería, el comunismo, la anti-patria, la ruina de la familia cristiana, los nacionalismos regionales, etc. En alusión a la sofocada revolución de octubre de 1934 llegaron a manifestar: 

"¡Ya veis españoles, como no se fusila a ningún culpable auténtico de crimen contra la Patria! Ni a Pérez Farrás, ni a Largo, ni a Prieto, ni a Azaña..."

En octubre de 1935, como parte del  memorando secreto entregado a Mussolini por el líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, en la reunión que mantuvieron en Roma el 11 de octubre de 1935, y en cuya redacción había intervenido la UME, se puede leer:

"La U.M.E. acepta el statu quo presente y toda posible evolución hacia la derecha, pero con la consigna de intervenir violentamente en el momento en que la política oscile hacia la izquierda facilitando la participación en el poder de algunos de los partidos coaligados en la revolución de Octubre"

Para que seguir, solo añadir que la UME participó activamente en el Golpe de Estado de julio de 1936 y que todos su afiliados combatieron gustosos en las filas franquistas durante la Guerra de España.

Desde la UMRA, el teniente coronel de Ingenieros Ernesto Carratalá Cernuda, redactó un Manifiesto: 

"A todos los compañeros antifascistas, sin distinción de ideas políticas", basándose en que "Cada militar, cualquiera que sea el partido al que pertenezca, debe trabajar en el seno de una organización militar, como defensor de la República en peligro, contra el fascismo amenazante".

Como resultado se consiguió la inclusión de la Unión Militar Antifascista, de iniciativa comunista y la Unión Militar Republicana, de iniciativa socialista, dentro de la UMRA.

Tras el triunfo en las urnas del Frente Popular (febrero de 1936), al menos dos miembros de UMRA fueron asesinados a manos de pistoleros ultraderechistas; el primero fue el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, asesinado el 8 de mayo de 1936 en plena calle, a causa de un disparo por la espalda, se dirigía a su domicilio en compañía de su mujer. Su nombre aparecía en una lista, supuestamente confeccionada por la UME, de militares republicanos socialistas que debían ser asesinados. El otro fue el teniente José del Castillo Sáenz de Tejada, también figuraba en la lista citada; el 12 de julio de 1936, mientras caminaba hacia su puesto en el cuartel, cuatro pistoleros de extrema derecha le disparan causando su muerte. En los dos casos se sospechó que los autores de los asesinatos pudieron ser miembros de la UME. Seis días después del asesinato de José del Castillo daba comienzo la Guerra de España.


Carlos Faraudo


José del Castillo


Ni que decir tiene que todos los miembros de la UMRA se mantuvieron en julio de 1936 leales a la República, combatiendo entusiastamente contra los sublevados. Como suele ser habitual, podemos encontrar en archivos y publicaciones los nombres de algunos de los miembros de la UMRA, pero no es así si nos centramos en suboficiales y clases subalternas. Los datos de los que pertenecieron a esta Asociación son muy escasos, es más, uno de sus cofundadores, el coronel Eleuterio Díaz-Tendero Merchán, desde su exilio en Toulouse tras la caída de Cataluña, se aseguró de destruir el fichero de la UMRA. Finalmente Díaz-Tendero, acabó sus días en un horno crematorio del Campo de Exterminio de Dachau (Baviera), fue el 13 de febrero de 1945, unas semanas antes de la liberación del campo por las fuerzas aliadas.

Por supuesto no faltaron miembros de la UMRA en la Armada leal, algunos de ellos citados ya en este Blog por su participación en la guerra. La historiadora Victoria Fernández Díaz, recoge en su Tesis Doctoral, "Aproximación al exilio republicano a través del exilio de los marinos de la Armada tras la guerra de España" (2021), los nombres de algunos de los marinos leales a la República pertenecientes a la UMRA.


(1) Exilio en Francia. Maquis en Francia y España, Grupos Urbanos Madrid. Condena a muerte condonada por cadena perpetua.

(2) Exilio en Francia. Maquis. Mauthausen. Superviviente. Falleció en Francia

(3) Exilio en Francia. Maquis. Fallece en Casablanca en 1948

Han pasado ya casi 88 años desde que un grupo de militares fundasen la Asociación Militar Republicana Antifascista, el resultado de la guerra y la dictadura acabó con los nobles objetivos que pretendían. En las postrimerías del Franquismo (1974) vio la luz otra asociación clandestina de militares, la Unión Militar Democrática (UMD) claramente antifranquista y dispuesta a llevar al seno de las Fuerzas Armadas una serie de reformas dirigidas a la democratización de las mismas. 

En el verano de 1975, meses antes de la muerte del dictador, se calcula que los militares identificados con la UMD podrían ascender a unos 300/400, además de otro tantos colaboradores. Cifras aproximadas ya que, por razones obvias, muchos de los comprometidos mantenían el anonimato por miedo a las represalias, un temor que siguió existiendo aún después de la muerte de Franco. En ese mismo verano se llevó a cabo la detención de varios de los líderes de la UMD, nueve de ellos fueron juzgados (8/3/1976) en los cuarteles de Hoyo de Manzanares (Madrid), fueron condenados a un total de 43 años de cárcel y, en el caso de siete de ellos, a la pena accesoria de expulsión del Ejército. En los días siguientes al juicio siguieron los registros y detenciones en diversas provincias con el objeto de paralizar y amedrentar a los militares comprometidos y a los que hubieran tenido la tentación de comprometerse. Dos años más tarde, en junio de 1977 la UME se auto-disuelve en base a que la recién estrenada democracia haría realidad sus objetivos.  Está claro que no fue así. 

Con la subida al trono de España de Juan Carlos I fueron amnistiados y en 1987 se autorizó su reingreso en las Fuerzas Armadas, tres de ellos en la escala activa y los otros seis en la reserva transitoria, pero el reconocimiento de su aportación a la llegada de la democracia tardó mucho en producirse. Tuvo lugar en 2009, 22 años después, mediante una declaración institucional, publicada en el Boletín Oficial del Estado (293/05/12/2009) y en el Boletín Oficial de la Defensa, en la que se reconocía esta participación y se hacía referencia a la persecución de que fueron objeto jefes, oficiales y suboficiales de la UMD, de forma judicial y extrajudicial.

Es de justicia poner de manifiesto que los sacrificios personales y profesionales asumidos por los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), que arriesgaron su carrera y promoción profesional e incluso su libertad personal, son prueba manifiesta de su patriotismo, su alta conciencia democrática y su inquietud por contribuir a mejorar las Fuerzas Armadas, en el marco de la convivencia entre todos los españoles. El compromiso de los miembros de la UMD contribuyó a hacer visible la voluntad de un número significativo de oficiales de las Fuerzas Armadas que propiciaron y apoyaron la transición a un régimen democrático y constitucional.

Hoy en día, a finales de 2021, la democracia aún no ha llegado plenamente a nuestras Fuerzas Armadas, tampoco se ha conseguido desterrar de ellas un franquismo más que latente y alentado por la extrema derecha política. El reconocimiento debido hacia los militares que permanecieron leales a la República durante la Guerra de España ha sido olvidado por todos los Gobiernos habidos en España desde el fin de la dictadura y hasta nuestro días, y ello a pesar de lo establecido en la Ley 52/2007. 

Al igual que vieron la luz la UMRA y la UME, y prácticamente por los mismos motivos, hoy en día la  Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), nacida en 2018, toma el relevo, una asociación por ellos mismos definida como:

Un movimiento de militares demócratas, antifranquistas y antifascistas, que surge del Manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo erradicar las ideologías de carácter totalitario y antidemocrático de entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Entre sus objetivos destaca la defensa de la dignidad de las víctimas del fascismo, la recuperación de la memoria y el reconocimiento de aquellas personas, especialmente miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que se opusieron a la sublevación militar contra el gobierno legítimo y legal de la II República.

 



Los objetivos de la AMMD son ambiciosos a la vez que necesarios, en su web se puede acceder a todos ellos. Entre estos objetivos: expulsar a los franquistas de las Fuerzas Armadas, eliminar los símbolos franquistas de todas las instalaciones militares y, como no, dignificar la Memoria de todos aquellos militares que se mantuvieron leales al Gobierno de la II República y la de aquellos que fueron represaliados por la dictadura. 

Desde aquí, les deseo el mayor de los éxitos, todos los demócratas lo necesitamos. Estemos atentos a sus mensajes.


Benito Sacaluga.


domingo, 18 de julio de 2021

EL 18 DE JULIO DE 1965, LA DICTADURA FRANQUISTA Y EL CRUCERO “MIGUEL DE CERVANTES”

 


Corría el año 1965, habían transcurrido 26 años desde el fin de la Guerra de España, los mismos que la dictadura franquista era dueña y señora de las vidas y libertades de los españoles.

El diario ABC publica el 18 de julio de 1965, aniversario de la sublevación militar de 1936, una noticia en su página 60, que pone de manifiesto la constante manipulación de la historia que el régimen franquista llevó a cabo desde el mismo momento de la sublevación militar contra la II República Española.

El artículo, literalmente, dice así:


EL CASCO DEL “MIGUEL DE CERVANTES”, SUBASTADO

En 31.680.000 pesetas ha sido adjudicado, en subasta pública, el casco del crucero “Miguel de Cervantes” (a flote en el puerto de Cartagena, para su desguace), a don Joaquín Balsalobre Pedreño, vecino de Cartagena. El tipo de subasta era de pesetas 22.666.657,80. Acudieron ocho licitadores.

El acto se celebró con las formalidades de rigor, a las diez de la mañana de hoy, ante la Junta de concursos y subastas de la dirección de Material del Ministerio de Marina, en el edificio de la Plaza de Colón, donde estuvo la Casa de la Moneda. Presidió la mesa el teniente coronel de Intendencia de la Armada don Ramón González Tablas.

El crucero “Miguel de Cervantes” fue construido en en los Astilleros de El Ferrol. Desplazaba a plena carga 7.475 toneladas; su eslora máxima es de 176,62 metros; la manga, 16,61; el calado, 5,03, y su potencia, 82.000 s.hp, con una velocidad de 34 nudos y autonomía de 5.000 millas, a 15 nudos.

Fue la primera unidad de nuestra Marina de Guerra que llevó el nombre del autor del Quijote. Era gemelo del “Almirante Cervera”, cuyo casco también será subastado para desguace, y del “Príncipe Alfonso”, que luego fue llamado “Libertad”, y después “Galicia”.

En julio de 1936 el “Miguel de Cervantes” quedó en poder de los rojos, quienes asesinaron a la oficialidad. En diciembre de aquel año fue torpedeado por un submarino nacional cuando estaba anclado en Escombreras, y ya no volvió a actuar hasta el término de la guerra, en que salió de Cartagena, con otros buques, para refugiarse en Bizerta.

Reparado de los daños sufridos, participó, representando a la Armada, en el desfile de Unidades Navales celebrado en aguas de Spithead para conmemorar la coronación de la Reina Isabel de Inglaterra. En 1949 el “Miguel de Cervantes” llevó a Lisboa al Jefe del Estado.


Lo anterior es lo publicado en ABC, los "rojos" a los que despectivamente se aluden en el artículo eran en realidad marinos españoles leales a la República y a su legítimo Gobierno. Lo cierto es que el 18 de julio de 1936 el “Miguel de Cervantes” se encontraba en Ferrol, en dique seco, y logró salir ese mismo día a las 20.00 horas, con la sublevación de la Base ya en marcha, a pesar de las demoras provocadas intencionadamente por su comandante, el capitán de navío Antonio Moreno de Guerra, y los oficiales a bordo, que ya en alta mar y dirigidos por el capitán de corbeta Felipe Pinto Gómez planeaban unir el buque a los sublevados, para lo cual se armaron, reforzaron guardia y establecieron el silencio de radio. A pesar de todo ello, la tripulación se hizo con el crucero al día siguiente, el 19 de julio, a la altura de Lisboa, apresando a la oficialidad rebelde. Al mando del Auxiliar 2º Naval Manuel Rodríguez Esplugues puso rumbo a Tánger, puerto al que llegó el día 20, incorporándose así a las unidades navales leales que allí se encontraban.

Integrado en la Flota Republicana, y desde su llegada a Tánger, participó de forma muy activa en el control de las aguas del Estrecho, llevando a cabos misiones de bombardeo sobre puntos estratégicos de las plazas ocupadas por los sublevados; La Línea, Ceuta, Melilla, Algeciras, Deva…, además de numerosas patrullas de control y protección a mercantes en el Cantábrico y posteriormente en las costas argelinas.

Efectivamente, el 22 de noviembre de 1936, no en diciembre de 1936 como indica ABC, fue torpedeado por un submarino estando fondeado frente a Cartagena, pero no fue un “submarino nacional” como indica el ABC, sino un submarino pirata italiano adentrado sin autorización en las aguas jurisdiccionales españolas, el “Torricelli”.

Los desperfectos exigían reparación en dique seco, dándose la circunstancia de que el existente en Cartagena era pequeño para las dimensiones del crucero y tuvo que ser alargado,  lo que motivo que el tiempo de reparación se demorase hasta finales de 1938, fecha en la que volvió a prestar servicio en varias misiones, hasta que en el mes de marzo de 1939 partió de Cartagena, sin rumbo cierto, con el grueso de la Flota, quedando a la expectativa de lo que sucediese a raiz de la sublevación en Cartagena, con la Base, el Arsenal, los cuarteles y las baterías de costa en poder de los seguidores de Segismundo Casado y sus secuaces, todos ellos convertidos en traidores a la República.


El "Miguel de Cervantes" en Bizerta (Túnez)
Marzo de 1939

Tras la guerra, la Armada franquista lo reparó y modernizó en Ferrol, tardó casi siete años en entrar de nuevo en servicio (1945). Estuvo operativo hasta 1959, año en el que quedó inmovilizado en Cartagena, haciendo las funciones de buque insignia de la Agrupación Naval de Instrucción.  


Benito Sacaluga.


Fuentes consultadas:

  • ABC
  • todoavante



viernes, 8 de enero de 2021

CALLEJERO FRANQUISTA EN SAN FERNANDO (CÁDIZ)

 


Leo con estupor (y con excesivo retraso) una noticia publicada el 11 de septiembre de 2018 en el Blog “San Fernando, Ayer y Hoy…y otras historias”

Firmada por Leonor, la información nos habla de la existencia en San Fernando (Cádiz) de una calle dedicada a “Ruiz de Ahumada”, con comienzo en la calle Fray Jerónimo de la Concepción y que termina en el Callejón de la Marina. La información dice así:

La calle Ruiz de Ahumada lleva oficialmente el nombre desde el día 30 de enero de 1996 y hace referencia al Teniente de Navío don José Ruiz de Ahumada, afiliado a Falange Española en 1936, participante activo en las reuniones preparatorias de la sublevación militar que tuvieron lugar en la Escuela de Armas Submarinas de Cartagena, según él salvado de ser fusilado por las fuerzas republicanas de Cartagena el 18 de julio de 1936 gracias a la mediación de dos cabos y seis fogoneros. Comandante del Gravina en 1938, a pesar de sus intentos de pasarse al bando sublevado, los cuales evidentemente no llegaron a conocimientos de sus mandos al igual que su condición de falangista, orgulloso saboteador y delator, según relata, de los intereses generales del gobierno legítimo, de las unidades navales republicanas y de los marinos de la Flota. 

Acabada la guerra es salvado de toda responsabilidad republicana por las declaraciones de amigos falangistas y miembros de la Armada.

Información sacada del blog de Benito Sacaluga donde se pueden conocer más detalles sobre este personaje.

Efectivamente, en este blog y bajo el título “Semillas al Viento”, publiqué el 17 de abril de 2011, información sobre José Ruiz de Ahumada, extraída del libro "Así empezó todo. Memorias de un Marino de la República" (2005), cuyo autor es D. Manuel Ruiz Sierra, Coronel de Caballería, hijo de Ruiz de Ahumada.

Cuando publiqué mi artículo desconocía la existencia de una calle en San Fernando en memoria suya. Pero ahí está el nombre de la calle desde enero de 1996.

Todo un esperpento, que al igual que el título del libro en su memoria nos lleva, una vez más, a la confusión y a la desinformación. Si a Ruiz de Ahumada se le  califica en el libro como Marino de la República hay que admitir que es correcto, pues perteneció a la Marina de Guerra de la República, como todos los marinos que se sublevaron contra ella, pero dejó de serlo desde que en el verano de 1936 participase activamente en las reuniones preparatorias de la sublevación militar que tuvieron lugar en la Escuela de Armas Submarinas de Cartagena en el mes de julio de ese año, para después, desde la comandancia de un buque leal al Gobierno, colaborar con los facciosos facilitando su victoria contra la democracia. Todo un “héroe falangista”, "digno" de que ya en democracia (1996) el Ayuntamiento de San Fernando ponga su nombre a una de sus calles.


Benito Sacaluga





martes, 18 de febrero de 2020

EL YATE "AZOR" A LAS ÓRDENES DEL GOBIERNO VASCO



Comienza la Guerra de España (1936). Tanto los defensores de la República como los sublevados contra ella incautan o confiscan barcos civiles de todo tipo. El Gobierno vasco se hace con el yate "Loli II", (1) se trata de un barco de recreo con casco de madera, de 113 toneladas de registro bruto, con 31,10 metros de eslora, 5,65 metros de manga, calado de 2,60 m. y 2,75 m. de puntal. Se construyó en 1928 en los astilleros de Kiel (Alemania).

El "Azor" fondeado en San Sebastián.

En el momento de su incautación por los vascos el yate era propiedad, desde 1935, del Duque de Cubas, Felipe de Cubas Urquijo, que lo había adquirido a sus anteriores propietarios con el nombre de "Margarette & Dorothea".

Una vez que el yate pasó a depender del Gobierno vasco fue rebautizado como "Severiano Asarta" en homenaje a un militante comunista abatido por los sublevados durante la toma de San Sebastian. En un principio es utilizado como barco de enlace entre las poblaciones de Bilbao y Bayona. A principios de 1937 el yate pasa a integrarse en la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Cuando acaba la guerra se encuentra en el puerto de Bayona, La Armada franquista decide la devolución del barco a su anterior dueño, el Duque de Cubas, quién a los seis años (1945) consigue que la Armada se lo compre, en un principio para ser destinado al servicio de Guardapesca, servicio que nunca llega a prestar al ser destinado en 1947 como yate de estado para uso y disfrute de Franco. Fue rebautizado como Azor (V-0), Franco y los suyos le llamaban familiarmente "Azorín".

Franco ya tenía su barco, ya tenía donde lucir su impostado uniforme de la Armada, imagino que pasaría gratificantes momentos a bordo.

En agosto 1948 Franco decide entrevistarse con Juan de Borbón, Conde de Barcelona desde 1941, reunión en la que se establece, según los deseos del dictador, que Juan Carlos de Borbón se educaría en España bajo la tutela del general Franco. El 7 de noviembre el príncipe, de 10 años de edad, llegaba a España. La reunión se celebró a bordo del "Azor", en aguas del Golfo de Vizcaya, Juan de Borbón acudió desde otro yate, el "Saltillo". El acuerdo alcanzado entre Franco y Juan de Borbón supuso para los monárquicos un reconocimiento implícito de la legitimidad del régimen franquista. Trás la reunión, el "Saltillo" fue cedido al conde de Barcelona, con su tripulación y todos los gastos cubiertos para que él y su familia pudieran disfrutar de la navegación durante los veranos. A su vez Franco cambia el "Azor" por otro yate más lustroso, en 1949 se bota en los Astilleros Bazán el nuevo barco, al que también se le llamaría "Azor", la hija de Franco es la madrina en el acto de la botadura. El nuevo yate incorporaba dos cañones arponeros. 

El primer "Azor" es puesto a disposición de la Armada, se borra su nombre y se le asigna el numeral "V-1" y pasa a realizar servicios de vigilancia pesquera hasta que, veinte años después, se le destina como patrullero de vigilancia, cambiando otra vez más su numeral, "V-1" por "PVZ-01". 

El barco se da de baja en la Armada en 1982,  es vendido a un industrial gallego por 500.000 pesetas. Pasa por varios propietarios holandeses y es destinado a viajes turísticos y al alquiler. Se le hicieron varias modificaciones, entre ellas la instalación de dos motores Rolls Royce de 335 CV cada uno y nuevos equipos de comunicación..En 2006 se le pierde la pista, aunque puede que siga navegando, si se mantuvo a flote después de haber alojado a Franco todo es posible.







(1) guipuzkoakultura. net

jueves, 20 de junio de 2019

QUEIPO DE LLANO HUNDE AL ACORAZADO "JAIME I"





Si bien es cierto que el acorazado “Jaime I”, el 13 de agosto de 1936 estando fondeado en aguas de Málaga, fue alcanzado por una bomba de aviación, no es menos cierto que en poco tiempo se repararon los daños ocasionados, principalmente en la cubierta de proa, y muy poco tardaron en Cartagena en ponerlo en perfectas condiciones de navegación y combate. Sin embargo la propaganda franquista no desaprovechó el ataque aéreo al acorazado, y de forma inmediata le dio por “tocado y hundido”.

El "Jaime I" llegando a Cartagena para reparar los daños

Sevilla estaba bajo la bota franquista de Queipo de Llano desde el inicio del levantamiento militar, y todos sabemos de la afición de Queipo por los medios de comunicación a su alcance, especialmente por la radio, pero también por la prensa escrita.  El diario sevillano “La Unión”, que en su cabecera se define como “Diario Gráfico Independiente”, en su edición del mismo 13 de agosto de 1936, con una portada a toda plana reproduciendo imágenes del entierro del requeté Fernando de Andrade “mártir de la santa causa”, en su página 9 publica lo siguiente:

EL ACORAZADO TRAIDOR “JAIME I” HA SIDO HUNDIDO EN EL PUERTO DE MÁLAGA”

Una bomba de 500 kilos lo partió por la mitad

Noticias recibidas en Sevilla esta mañana confirman que en la anterior madrugada, a las tres y media, un aparato de la Aviación adicta al movimiento patriótico del Ejército, que realizaba una operación de reconocimiento por la costa del Mediterráneo, divisó en aguas de Málaga, muy cerca del puerto de aquella ciudad  al acorazado traidor “Jaime I”, cuya marinería había bombardeado Cádiz, Algeciras y otros puntos. 
El aparato leal a nuestras fuerzas lanzó sobre el dicho acorazado una bomba de 500 kilos que cayó justo en la torreta de mando. El “Jaime I”, según pudieron advertir perfectamente desde el avión, quedó dividido en dos pedazos, los cuales, claro está, se hundieron rápidamente. 
Queipo de Llano sembrando el terror desde Radio Sevilla

Esto de la prensa de la mentira y el bulo es al parecer intemporal. El sevillano diario "La Unión" no tuvo éxito notorio desde su fundación, allá por 1918; sin embargo con la llegada de la República sus rotativas empezaron a funcionar a toda máquina, gracias a su línea editorial antirrepublicana y netamente carlista, además de sus simpatías por el nazismo alemán.  Nada más producirse el alzamiento militar de 1936 pasó a servir como órgano incondicional de apoyo a las fuerzas sublevadas. Acabada la guerra e impuesta la dictadura el diario dejó de publicarse. A Franco nunca le gustaron demasiado los carlistas, era más de los borbones de la rama de Juan Carlos como finalmente se vió. 

El sevillano "La Unión" cerró en 1939. La prensa del Movimiento y la Católica tomaron las riendas de la información en España y así estuvimos unas cuantas decenas de años. 

Si quereis conocer lo que realmente sucedió en Málaga ese 13 de agosto de 1936, lo podéis hacer en el siguiente enlace:





Benito Sacaluga.




lunes, 12 de marzo de 2018

REPUBLICANOS FUSILADOS EN SAN FERNANDO (CÁDIZ) EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1936




(1) Ya estaba España sentenciada, dividida en dos, el terror rojo en la zona republicana, según nos decían, y el terror blanco en esta zona que estábamos viviendo, viendo y sufriendo. Fallaron los politicos europeos, falló la propuesta francesa de "no intervención", falló el gobierno Giral, incapaz de sofocar la rebelión militar en sus comienzos, falto de muchas precauciones y otras medidas... pero este no es el caso de estas crónicas, no debo lanzarme a un análisis crítico  y politico del gobierno republicano, que sería duro e interminable. Con los medios de que dispongo pretendo referirme principalmente a lo acaecido en La Isla, aunque para aclarar situaciones deba hacer comparaciones y referir hechos ocurridos en otros lugares.

Penal naval militar de La Casería de Ossio
Imagen: El Exilio de los Marinos Republicanos (2)
Si, ese mismo dia diez de septiembre de ese mismo año trágico, que no glorioso, como pretendieron hacernos creer, tratando de tergiversar los hechos y darnos gatos rabiosos por conejos inocentes, ese día, repito, fueron despertados brutalmente doce personas, doce hombres, para ser fusilados; así de fácil, así de brutal e inexorable, del Penal de la Casería, aproximadamente a las seis de la mañana. 




Fueron los siguientes:


Manuel Barea Varo

Domingo Moreno Martínez

Horacio Rodríguez. Marinero de Segunda.

José López Hermoso

Miguel Blanco Ferrer. Pastor protestante. Secta irlandesa. Se negó a confesar y a ser bautizado. Vivía en la calle San Servando.

Manuel Varela Herrera

Félix Hernández Coco

Leocadio Fernández Alama. Natural de Guijo (Córdoba). 41 años. Casado con Adelaida Blanco Silva. Hijo de Domingo y Sebastiana. Dejó de ser carabinero antes del alzamiento. Se negó a confesar. Dejó tres hijos, el último, Leopoldo, póstumo. Vivía en la calle Hernán Cortés.

Antonio Pérez Heredia. Concejal. Confesó antes de morir, devolvió el escapulario de la Virgen del Carmen y se negó a recibir la absolución.

Ramón Campos Chaves. Vivía en la calle Rosario,37, Cádiz. Mecánico de la Armada.

Francisco Marchante Noria.

Antonio Girón Casulla. Maestro Nacional.

Una vez más quedaron al descubierto aquellos esbirros y sus perfidias, asesinando a un modesto y sencillo pastor protestante sin causa ni razón. No cabian explicaciones aditivas, se habían saltado a la torera los slóganes que tanto cacareaban y que pretendían usar como tapadera a sus ignominias, contra los comunistas, socialistas, masones, judíos, etc., porque el pastor era un señor respetable, muy conocido y no pertenecía a ninguna de esas banderas. Fue víctima de la locura desatada por aquellas hordas, impostores, verdugos, inquisidores, ferinos..."Abominable jurisprudencia la de sostener la religión por medio de verdugos", frase esta de Voltaire, dicha allá por el año de 1768, aplicable, tristemente, a aquellos días, meses y años de terror franquista.

Imperaba la misma psicosis destructiva que en 1492. El escritor I.Ehremburg decía: 

"Pero los bárbaros que adaptaron el cristianismo a la mezquita de Córdoba no eran niños, eran unos degenerados. Odiaban el espíritu mundial de la mezquita. Cegados por el dogma eran enemigos de la razón. Eran fanáticos por su conducta, sabían destruir mezquitas, quemar herejes, pero carecían de la inspiración de los fanáticos. En su fuero interno, estos fracasados envidiaban seguramente la pericia de los arquitectos árabes que habían levantado la Mezquita que ellos afeaban".

Aquí en La Isla hay algunos que temen, tanto a la verdad histórica como a la crueldad que ellos mismos ejercieron durante muchos años, porque la conocen bien. Recientemente, Rosa Castelló, del Instituto Genus, en la revista Interviú, nº 32, págs. 23-29, dijo que la iglesia crea enfermos mentales o psíquicos. Yo no lo creo así, pues los enfermos mentales no saben defenderse tan bien ni vivir sin producir el material necesario para sostener la vida, dejando a los demás que se lo produzcan, a no ser que haya querido referirse al rebaño domesticado, obediente y productor.





(1) Trigo Tronzado. José Casado Montado. 1992. ISBN: 84-604-3726-4



(2) El Exilio de los Marinos Republicanos



domingo, 22 de enero de 2017

LA JUSTICIA DEL TERROR





Análisis de Miguel Ángel Melero Vargas (Universidad de Málaga), sobre  "La Justicia del Terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz" de José Luís GUTIÉRREZ MOLINA, Ediciones Mayi (2014), 430 páginas. (Publicado en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Núm. 14/2016)



El estudio de la represión a partir del análisis de la actuación de la eufemísticamente denominada como “Justicia Militar” franquista, constituye un camino aún en buena parte inexplorado, sobre todo en lo que respecta al resalte de aspectos y la formulación de conclusiones obtenidas más allá de una mera cuantificación de víctimas. No en vano, y por ejemplo para el caso concreto andaluz, algunos de los más destacados entre los aún escasos trabajos que han abordado la represión franquista en base al estudio de los procedimientos sumarísimos de urgencia incoados desde el primer tercio de 1937 (1), han centrado su análisis en aspectos como el origen de la base jurídica y legal de la aplicación de la Justicia Militar franquista, o el tránsito legislativo que distingue los hitos fundamentales en que se desarrolla esta violencia reglada a partir de los primeros tribunales militares, sus consejos de guerra permanentes y la incoación de sus procedimientos sumarísimos de urgencia, llevados a cabo de forma generalizada para todo el territorio ocupado a partir de la primavera de 1937.

Los trabajos publicados hasta la fecha coinciden también en resaltar cómo la aplicación de la denominada “Justicia Militar” franquista constituyó un ejemplo inmejorable del uso fraudulento, ilegal y de interpretación capciosa que el Régimen hizo de la legislación vigente en el momento de la sublevación, como de absorción y anulación de la jurisdicción civil para convertirla en un soporte fundamental de su estrategia de justificación de lo que pretendía mostrar como un movimiento de salvación de la Patria y contra el enemigo interno que pretendía ponerla en peligro (2), pero que no constituía sino una ilegalidad de cuna, revertida en base a miedos, apoyos sociales y proyección distorsionada de una República ilegal. En definitiva, obras con un meritorio, por lo exhaustivo y pormenorizado, trabajo de campo, como de compilación de datos, cuantitativo, pero que adolecen de un peso analítico profundo y que explique de alguna forma el porqué de las cifras.

De ahí la expectación con que acogimos la publicación en torno a la que gira esta reseña; una obra resultado de un pormenorizado y laborioso trabajo de campo en base casi exclusivamente a los procedimientos sumarísimos de urgencia conservados en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, y que representa la primera de las que para Andalucía, y a nivel provincial, recogen la labor depuradora desarrollada por los tribunales militares franquistas desde el primer tercio de 1937. Ello la convierte, de por sí, en una publicación bienvenida, en tanto en cuanto viene a llenar vacíos sobre una etapa fundamental de la historia reciente de toda una provincia. Precisamente en este primer año de vida, en los procedimientos en él incoados en la provincia de Cádiz, y cuyo tránsito no tuvo en algunos casos desenlace definitivo a su instrucción hasta tres años más tarde, se centran las más de 400 páginas y 16 capítulos de una obra que narra el desarrollo temporal de lo que el propio autor define como el “disparate jurídico de la justicia invertida”, primero con la represión caliente y sigilosa a través de los bandos de guerra, tras el rápido triunfo de la sublevación en Cádiz capital, y a partir de marzo de 1937, convertida la sublevación en guerra, con la violencia institucionalizada por la labor de los tribunales militares y sus consejos de guerra permanentes.

Así el autor nos invita a acompañarlo en un viaje dramático por la provincia gaditana en los primeros compases del terror, culminando con éxito la que era su principal pretensión a la hora de estructurar su trabajo: hacer sentir casi en tiempo real y con nombres y apellidos, el clima de presión, dolor y miedo insuflado al enemigo vencido a través de un uso ilegal y sesgado de la justicia, justificado por la sublevación como respuesta al caos republicano y su “Terror Rojo”.

No obstante centrar su trabajo a partir de esta segunda etapa de la represión por parte de las autoridades militares sublevadas, Gutiérrez Molina esboza una introducción que abarca los dos primeros capítulos, con una contextualización de la situación de Cádiz ante la guerra, con la mención de las operaciones militares que sobre la provincia se desarrollan desde la sublevación, de la breve pugna entre la ocupación y la resistencia; una lucha y una brevedad marcadas por la generalizada asimetría entre el poderío sublevado y las limitaciones de los que en la ciudad como en la provincia intentaron contener el envite. Sería el fracaso de esto último lo que provocara el triunfo de la sublevación en Cádiz, y el consiguiente inicio de la justicia de los bandos de guerra; primer intento de aplicar un barniz de apariencia legal a un primer movimiento de acción extremadamente represiva, con un carácter exterminador como ejemplarizante en el sentido del aleccionamiento y disuasión, y que en realidad perseguía la destrucción de cualquier reminiscencia del proyecto republicano y sus artífices. Poca diferencia, en la intención, con lo que sería a partir de marzo de 1937 la actuación de los tribunales militares y sus consejos de guerra, presentados como una estructura que realmente pudiera dar la impresión, dentro pero sobre todo fuera del país, de impartir justicia, aunque ésta estuviera invertida desde su origen.

Al desglose cronológico y geográfico de esta labor durante el primer año, dedicará el autor la gran parte de su trabajo, hasta completar los 456 procesos y 1285 procesados; desde el engrase de la maquinaria represiva -y por ello el inicio menos sangriento de lo esperado-, en marzo, pasando por el notabilísimo aumento de procesados, el progresivo incremento de las penas de muerte ejecutadas, las de prisión, o el descenso de las absoluciones, en abril y sobre todo mayo -fenómeno explicado en parte por la movilización a la provincia de los tribunales-, el "respiro", y el repunte represivo a partir de noviembre, que el autor explica sobre el retorno a sus pueblos de huidos, pero donde entendemos debe incluirse también el señalamiento de los procesados sobre otros que no lo habían sido. Tras el repunte de noviembre, con el último mes de 1937 marca un retorno a la tónica descendente de los niveles de represión de los procesos que, incoados en este primer año, no quedaron sin embargo concluidos en éste, lo que por otro lado no implica necesariamente un laxación de la acción represora en cómputos globales, pues no son en este trabajo analizados los procesos incoados en los años inmediatamente posteriores, y por ello resulta imposible un estudio evolutivo, sobre todo incluyendo la segunda gran oleada de represión que debió producirse con el retorno y apresamiento de vencidos tras el final de la guerra, e incluso más tarde con los que formaran parte de la resistencia guerrillera antifranquista.

A partir de este momento la absolución, según el trabajo, constituye el desenlace generalizado de los procedimientos, algo que en el mismo se atribuye al hecho de que primaran las declaraciones que exoneraban al procesado frente a las que lo inculpaban. Sin embargo entendemos que esta apreciación debe ser abordada de forma más cautelosa, en el sentido de establecer con certeza qué sentencias concluyeron efectivamente con la absolución del encartado, y cuáles lo hicieron con el sobreseimiento, desenlace que podría venir motivado también por el hecho de que el procesado ya hubiera muerto, bien por causas naturales, en prisión o ejecutado, mientras se instruía su expediente; o bien igualmente considerar como absoluciones los procesos de los que se desconociera su sentencia, conclusión que no puede establecerse sin un cotejo previo con otras fuentes, por ejemplo las actas de defunción del Registro Civil.

Con el ocaso, tres años después, de las causas abiertas en 1937, La Justicia del Terror ofrece una serie de reflexiones finales que son realmente más una antesala de los anexos con los que se concluye el trabajo, y que suponen una exhaustiva compilación de datos referentes a actores intervinientes y su relación con los contextos cronológicos y espaciales, desde la etapa republicana, la guerra, la retaguardia, la ocupación militar sublevada y en última instancia la represión. A saber, cómputo global de procesos y procesados, información personal y pública de éstos últimos -edad, sexo, estado civil, filiación política y sindical, o antecedentes de actuación-, análisis de las condenas y su desenlace, o la influencia en éste del cuerpo jurídico. Dieciséis capítulos, como señalábamos al principio, que constituyen un documento de inestimable valor para el mejor conocimiento de la represión franquista, a través de la Justicia Militar y en su vertiente más física, en Andalucía.

Pero dicho esto, entendemos que debemos resaltar las omisiones de la obra, en el sentido de alertar sobre los beneficios de una ampliación del trabajo en base a tener en cuenta aspectos y enfoques que lo enriquezcan y lo conviertan en una herramienta útil para el estudio de la represión más allá del ámbito local o provincial. Esta observación, que por otro lado podría suponer entrar de nuevo en el debate de las posibilidades de la Microhistoria y la Historia Local, o mejor dicho, de lo que consideramos un acertado redimensionamiento hacia una “Historia desde lo Local” (3), surge de la necesidad de no limitar la investigación histórica sobre esta vertiente de la represión a subsanar las carencias informativas sobre la misma y sus protagonistas en un municipio o provincia, a través de una exhibición continuada de microrelatos y prosopografías, sino de trabajar sobre las posibles aportaciones del modelo gaditano al estudio global de la represión franquista, estableciendo según corresponda, desde paradigmas a confirmaciones de modelo, o bien la coexistencia de ambos; un salto cualitativo fundamental para el estudio comparativo de diferentes modelos y realidades, en iguales o distintos niveles.

Dicho de otra forma, deben combinarse armoniosamente labor expositiva y cuantitativa con analítica y cualitativa, sobre todo después de conocer las posibilidades que ofrece el estudio de la documentación generada por los tribunales militares franquistas, y que por ejemplo nos han llevado de un tiempo a esta parte al análisis de aspectos fundamentales como las actitudes ciudadanas ante la represión, los motivos que las guiaron y las consecuencias de su ejecución; en definitiva de toda esa baremación de comportamientos que son recogidos en los expedientes, y que ofrecen pistas decisivas sobre la forma en que el Régimen ejecutó el control social a través de la violencia, o las múltiples estrategias de sociabilidad establecidas.(4) Estos aspectos que, como veremos, van a demostrar como conclusión principal el ansia represora del franquismo, son deducibles en el caso de este estudio para Cádiz, si bien es cierto no se resaltan y contrastan de manera firme por parte del autor, lo que en definitiva impide la formulación de conclusiones finales y certeras sobre el objeto de estudio.

Efectivamente la implacabilidad de la represión constituyó el epicentro en que confluyeron las diferentes actitudes registradas en torno a ella y a través de la actuación de la Justicia Militar. Una conclusión a la que también parece llegar el autor de la obra que en este texto se reseña, al poder comprobar, para el caso gaditano, cómo la participación ciudadana, de aplicabilidad horizontal y en niveles subalternos en la represión llegaba a través de varios caminos, de manera que si uno se bloqueaba otros quedaban expeditos.

Sentencia igualmente el autor cómo el ansia represora explicaba también el que una declaración inculpatoria pudiera tener mucho más peso que otra que implicara el descargo de responsabilidades para el procesado, con las lógicas consecuencias que ello podía acarrear a éste tras la lectura y ejecución de la sentencia. En ello tenía una importancia vital el empleo del rumor y su capciosa conversión en certeza, que el autor deja entrever en este trabajo, aunque sin sumergirse de manera decidida. Y es que el análisis de las actitudes ciudadanas ante la represión, sobre todo en lo que respecta a la colaboración ciudadana a partir de la denuncia, la delación y el señalamiento sobre los vencidos (5), ofrece toda una cromática de situaciones que motivaron esta participación, y que el autor sitúa en la venganza por sufrimientos pretéritos, o el ajuste de cuentas por viejas rencillas, de tipo social o laboral, y anteriores a la sublevación. Pero no recoge en cambio otros nos menos importantes como los que fueron motivados por el miedo y la presión insuflados por las autoridades militares y sus acólitos sobre otros vencidos, provocando una alteración en las naturalezas de éstos que ahora se auto-exculpaban a costa de inculpar a su propio entorno, generando una verdadera onda expansiva de   represión sustentada en señalamientos encadenados y acusaciones recíprocas. Sin embargo, a pesar de este contexto de país auto-vigilado y con un vecindario para-policial, también hubo resquicio para los comportamientos que podríamos incluso catalogar como de resistencia, puede que a partir de la bonhomía, o de un uso responsable de la autoridad.

En definitiva, La Justicia del Terror constituye una buena noticia para la historiografía que se ocupa del estudio de la violencia franquista, por los descubiertos que subsana, pero sobre todo por las posibilidades que ofrece para el futuro, cuando el análisis de los años posteriores permita baremar en su totalidad la evolución de la represión en Cádiz -y con ella en el conjunto andaluz-, como la vinculada al retorno a la provincia de los huidos y combatientes tras el final de la guerra, o la de aquellos que abandonaron sus hogares, en dirección a la sierra o hacia un extranjero más seguro y próspero. Pero el camino está iniciado al menos, y el trabajo reseñado debe concebirse como una obra matriz en el sentido de un documento-guía, compilado, trascrito del original y ordenado, y presto para posteriores sumergimientos de los que se obtengan conclusiones firmes y al mismo tiempo nuevas cuestiones sean planteadas.


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(1) Así por ejemplo Eusebio RODRÍGUEZ PADILLA, “La Justicia Militar en el primer franquismo”, en Manuel GUTIÉRREZ NAVAS y José RIVERA MENÉNDEZ (coords.), Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco. Actas de las Jornadas celebradas en la UNED durante los días 8 al 12 de abril de 2002, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2003, pp. 155-166; Joaquín GIL HONDUVILLA, Justicia en guerra. Bando de guerra y jurisdicción militar en el bajo Guadalquivir, Sevilla, Taller de Editores Andaluces, 2007; Lucía PRIETO BORREGO, “Mujer y Anticlericalismo: La Justicia Militar en Marbella 1937-1939”, Historia Actual Online, 12 (2007), pp. 95-106; asimismo un ejemplo de estudio jurídico de un Procedimiento Sumarísimo de Urgencia, realizado por Luis Ocaña Escolar, y recogido en Concha MORÓN HERNÁNDEZ, La resistencia en Sevilla: Un intento de derrocar a Queipo, Sevilla, Aconcagua Libros, 2013.

(2) Candela CHAVES RODRÍGUEZ, Justicia militar y consejos de guerra en la Guerra Civil y el franquismo en Badajoz: delitos, sentencias y condenas a desafectos, Tesis Doctoral (inédita), Universidad de Extremadura, 2014, trabajo en cuyo Estado de la Cuestión la autora compendia las principales obras que han abordado parcial o totalmente la represión franquista desde el análisis de la Justicia Militar.

(3) De ello se ha hablado recientemente en Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013. Candela CHAVES y Miguel Ángel MELERO VARGAS, "Una necesaria herramienta de construcción metodológica: Microhistoria, Historia desde lo Local y su importancia para la investigación histórica", XII Congreso de la AHC, Madrid, septiembre de 2014.

(4) Miguel Ángel MELERO VARGAS, "Denuncia, delación y señalamiento como formas de sociabilidad en la represión. Un ejemplo desde la Justicia Militar franquista y su aplicación en la comarca andaluza de Antequera", VIII Congreso de la Asociación de Historia Social, Tarragona, 16-18 de abril de 2015, y "Los abajo firmantes: deconstrucción de la violencia republicana y colaboración en la franquista. Los procesos militares y sus actores", Coloquio Internacional Violência Política no Século XX, Lisboa, 12-14 de marzo de 2015.

(5) Una clasificación de la participación ciudadana en la represión entre directores, ejecutores, colaboradores e intercesores en Carlos GIL ANDRÉS, "También hombres del pueblo. Colaboración ciudadana en la gran represión", en Miguel Ángel DEL ARCO BLANCO et al, No sólo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Comares, 2014, p. 51.

jueves, 31 de julio de 2014

EL MITO DEL ALCAZAR





Milicianas republicanas durante el
asedio al Alcázar de Toledo.
Desde el mismo día en que comenzó el asedio del Alcázar de Toledo por las milicias republicanas, iniciado solo unos días después del levantamiento del 18 de julio, las tropas rebeldes comenzaron a tejer una mentira sobre los hechos, una mentira que finalmente se convirtió en leyenda cuya alimentación y difusión se extendió en el tiempo. El propio Alcázar una vez reconstruido fue convertido en un arma propagandística para el Régimen, una exaltación de la heroicidad de las tropas sublevadas junto con la habitual criminalización de los combatientes republicanos, un lugar donde se mostraban al público visitante las calamidades sufridas por sus defensores con dramatización del asunto de Moscardó y su hijo incluida. En pleno asedio se fundó por el comandante de Infantería Víctor Martínez Simancas el periódico "El Alcázar" órgano de propaganda del franquismo. En 1975, el periódico fue adquirido por la "Confederación Nacional de Hermandades de Excombatientes" y, tras la muerte de Francisco Franco, se convirtió en el medio de expresión del llamado Bunker, el grupo de dirigentes, militares y ex-militares franquistas opuestos a la transición a la democracia. Entre 1977 y 1981 El Alcázar publicó artículos del "Colectivo Almendros" entre los que no faltaban las arengas en favor de un golpe de Estado. En aquella época el director del diario era Antonio Izquierdo, que tras la disolución de Fuerza Nueva empleó el diario para promocionar el partido Juntas Españolas hasta su cierre en 1988.

Herbert R.Southworth, en su obra "El mito de la Cruzada de Franco", publicada en 1963 por la clandestina editorial "El Ruedo Ibérico" desmonta la versión franquista. Un libro que provocó que Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo con Franco creara el "Gabinete de Estudios sobre Historia -Sección de Estudios sobre la Guerra de España"- bajo la dirección de Ricardo de la Cierva con la función declarada de establecer un servicio de contrainformación que detuviese la nueva perspectiva de la historia sobre la guerra civil española.

La leyenda del Alcazar: Una maniobra de propaganda

Autor : Herbert R.Southworth

La historia del Alcázar es, desde sus inicios, como ya lo hemos visto, una falacia. El papel de los cadetes, que eran pocos y no se distinguieron durante la defensa, fue exagerado notablemente. La leyenda forjada en torno a la muerte de Luis Moscardó no tenía ninguna base real e incluso si existió la llamada telefónica - con palabras menos dramáticas - el artificioso relato de los rebeldes no es cierto, porque la ejecución de Luis Moscardó no guarda ninguna relación con la llamada telefónica en cuestión.

(1) La "novelada" versión franquista de la conversación telefónica es la siguiente:
Cándido Cabello (socialista y jefe de milicias de Toledo, hablando por teléfono al coronel Moscardó): Son Uds. responsables de los crímenes y de todo lo que está ocurriendo en Toledo, y le doy un plazo de diez minutos para que rinda el Alcázar, y de no hacerlo fusilaré a su hijo Luis que lo tengo aquí a mi lado. 
Coronel Moscardó: ¡Lo creo!
Jefe de milicias: Y para que veas que es verdad, ahora se pone al aparato.
Luis Moscardó Guzmán: ¡Papá!
Coronel Moscardó: ¿Qué hay, hijo mío?
Luis Moscardó Guzmán: Nada, que dicen que me van a fusilar si el Alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí.
Coronel Moscardó: Si es cierto encomienda tu alma a Dios, da un viva a Cristo Rey y a España y serás un héroe que muere por ella. ¡Adiós, hijo mío, un beso muy fuerte!
Luis Moscardó Guzmán: ¡Adiós, papá, un beso muy fuerte!
Vuelve a coger el aparato Cándido Cabello.
Coronel Moscardó: Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo, el Alcázar no se rendirá jamás.
La edad del fusilado se falseaba cuidadosamente y Moscardó, lejos de ser el héroe irreprochable presentado por la fantasía franquista , era un veterano brutal que no solo había llevado a la fortaleza a mujeres en condición de rehenes, sino que no consintió que las mujeres y los niños, parientes de los ocupantes del Alcázar, abandonases la fortaleza, ni siquiera con protección diplomática internacional. Pero incluso sin tener en cuenta estos defectos primordiales, la historia de la resistencia del Alcázar ha sido burdamente abultada.

Aznar, en su "Historia Militar de la Guerra de España" (1958), comienza su exposición de cincuenta páginas sobre la defensa del Alcázar con estas palabras:
"Lector: vamos a entrar en un recinto sacratisimo, no solo para los españoles, sino para todo hombre civilizado.La pluma tiembla y el ánimo vacila antes de iniciar los relatos del fabuloso heroísmo y de la universal hazaña que entre los muros del Alcázar tuvieron su escenario".
Pero si Manuel Aznar sujetase mejor su temblorosa pluma y mirase con atención lo sucedido durante el asedio, vería que no pasó nada extraordinario en el Alcázar, teniendo en cuenta que se trataba de una guerra. El coronel rebelde Moscardó, con un fuerte contingente de guardias civiles y otros fornidos hombres, fue derrotado por el pueblo de Toledo y se retiró tras los muros protectores del Alcázar. Los sitiados no creían que el asedio fuese a durar mucho. Moscardó dijo más tarde a Gómez Oliveros:
"Yo no pensaba si la defensa sería larga o corta, porque suponía rápido, cosa de días, el camino de las tropas desde el Estrecho hasta Madrid"
Los que fueron voluntariamente al Alcázar creyeron, como muchos otros rebeldes, que el pronunciamiento triunfaría en muy pocos días. Pero la lucha se prolongó durante semanas y semanas. Los hombres que luchaban en el interior del Alcázar estaban mejor protegidos que la mayoría de los que combatían en el resto de España. Eran soldados profesionales en una sólida fortaleza asediada por soldados inexpertos. Si las condiciones se hubiesen invertido se habría podido hablar de heroísmo con mayor motivo. Quedaba, por supuesto, el problema de la incomodidad y de falta de alimentos; pero, como dijo Moscardó:
"En el Alcázar nadie murió de hambre" 
El agua potable no llegó a faltar. Hubo ciertamente más muertos entre los sitiadores que entre los defensores. Las bajas del Alcázar se exageraban con frecuencia de cara a la galería. Eleonora Tennant escribió:
"De los mil cien combatientes, el cincuenta y cuatro por ciento fueron muertos, heridos o enterrados bajo los escombros" 
esto es más dramático que decir sencillamente que ochenta y dos combatientes de los mil cien murieron durante el asedio. Veasé Vilanova Fuentes. Cree que las personas que resistieron en el interior de la fortaleza estuvieron mejor alimentadas que la población obrera de Madrid en 1946.

Entonces ¿por qué toda esta fanfarronada? La explicación es sencilla. La liberación de Toledo le costó a Franco, con toda probabilidad, la conquista inmediata de Madrid. Naturalmente se puede argüir que las tropas africanas estaban demasiado cansadas para atacar Madrid sin el descanso ganado en la maniobra de diversión de Toledo. Asimismo Jellinek describe bien la desorganización que reinaba en Toledo durante el asedio. Era necesario defender esa maniobra en falso. En aquellos momentos Franco estaba perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. Las noticias de la matanza de Badajoz y otras crueldades perpetradas por el ejercito de África no daban buena publicidad. La historia del asedio, la juventud de los cadetes, el sufrimiento de las mujeres y los niños, el sacrificio paternal de Moscardó, todo ello representaba un buen material propagandístico para los periódicos de todo el mundo.

Pero Herbert L.Matthews y los demás amigos de la República pueden dejar de lado la historia del asedio del Alcázar. Aunque fuese cierta, ¿que importancia podría tener?  ¿Que demostraba? ¿Que había en el Alcázar hombres valientes? El obrero inexperto, pobremente armado de Madrid - que le plantó cara al Tercio delante de Madrid - era un hombre más valiente que Moscardó, bien seguro en los sótanos del Alcázar. El mayor peligro consistió en la explosión de minas bajo la fortaleza, la mañana del 18 de septiembre, pero Moscardó intuía sin duda que estaba a punto de recibir ayuda del Ejército de África. No fue el Alcázar, sino como escribió el poeta Alberti, Madrid la "capital de la gloria" .

La maniobra propagandística del Alcázar fue y no es más que un esfuerzo para desviar la atención de la opinión de las acciones realmente importantes por las que la historia juzgará sin piedad a los generales que, utilizando sus maneras clásicas e irreflexivas, desencadenaron sobre España una oleada de terror que luego ya no pudieron controlar.


Benito Sacaluga.

(1) Texto de la conversación no incluido en el análisis de Herbert R. Southworth.


domingo, 18 de mayo de 2014

IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES FRANQUISTAS Y PARTIDO POPULAR



(1) Introducción.

Desde AGE (Archivo,Guerra y Exilio) hemos venido haciéndonos eco durante años, de las estrategias de impunidad practicadas en España desde 1975, en relación con los crímenes franquistas; desde la ley de amnistía de 1977, a la ley de la Memoria Histórica de 2007. Se trata de 30 años de ingeniería jurídica, que ha tenido por objeto que NI UN SOLO responsable de los decenas de miles de franquistas, implicados en ejecuciones, torturas y encarcelamiento o exilio de sus víctimas, haya sido nunca procesado, como sí lo han sido los responsables del mismo tipo de delitos en Latinoamérica, Francia, Alemania o Italia, en relación con los crímenes cometidos durante el pasado siglo XX por las dictaduras implantadas en aquellos países.

El caso que nos ocupa, es la culminación de este alambicado proceso, puesto en marcha desde los sótanos jurídicos de los gobiernos del PSOE y del PP, para impedir por todos los medios que pudieran progresar acciones judiciales, bien desde dentro de España, o bien desde el extranjero, como es el caso de la denominada "Querella Argentina", viéndose cerrada así cualquier posibilidad de hacer una luz de justicia, en favor de las víctimas y de sus descendientes acreedores a la misma.

Durante años, se ha llegado a llamarnos con apelativos nada amables, a los que -basándonos en la doctrina Nizkor- hemos estado denunciando estas maniobras, a veces aplaudidas desde sectores "oficiales" de la izquierda parlamentaria y social, e incluso por algunas asociaciones memorialistas que, suponemos de buena fé, han creído posible encontrar "atajos", para el reconocimiento jurídico de la condición de las víctimas del franquismo, a través de una Justicia Universal bloqueada, en parte, a causa de acciones judiciales anteriores, defectuosamente presentadas a sabiendas, que han terminado por general jurisprudencia en archivo, cerrando así el camino a poder progresar en el ámbito de la justicia española demandas posteriores.

El "caso Mauthausen" que hace unos días ha cerrado el PP (con la antesala jurídica preparada durante el mandato del gobierno socialista de Zapatero), se ha archivado. El único caso abierto ante la justicia española, por la que podría haberse condenado a responsables del asesinato de republicanos españoles en los campos de exterminio nacional-socialistas, ha sido sobreseído y archivado. Lo ha hecho el magistrado Ismael Moreno -que ha estado demorando el señalamiento de la vista oral todo lo que ha querido-, con el auxilio entusiasta del Fiscal General del Estado, a las órdenes de Rajoy, Eduardo Torres Dulce.

Para acabar con la impunidad, así lo decía el Equipo Nizkor hace casi una década, únicamente hay una vía: la institucional, es decir, una ley emanada del Parlamento español, que condene jurídicamente ilegales el régimen franquista, sus leyes represivas y sus tribunales, y que declare nulas de pleno derecho sus sentencias. Evidentemente, una ley con este alcance, solo podrá promulgarse en el marco del advenimiento de la III República. "Eso una utopía" afirman algunos.

La única "utopía" realmente existente, radica en esperar la Verdad, la Justicia y la Reparación, dentro del actual sistema de poder existente en España, encabezado por un Rey que no ha jurado la Constitución Española de 1978, para no incurrir en perjurio, ya que juró ante los evangelios su lealtad incondicional a la dictadura del general Franco, el 22 de julio de 1969.


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NOTA DE PRENSA 
Equipo Nizkor 

Cierre del último caso posible a favor de las víctimas españolas de los campos de exterminio de la IIGM. Caso Szehinskyj 


Mediante la divulgación de los documentos bajo la rúbrica "Caso Szehinskyj", el 18 de marzo de 2014 hicimos público por primera vez este caso que se sustancia ante la Audiencia Nacional dentro del procedimiento contra varios SS Totenkopf, ya que el devenir del mismo, y del procedimiento en su conjunto, es expresión del problema de la impunidad en España, y, por tanto, hay que verlo como un acto más de perfección del sistema (modelo de impunidad) y no como un asunto de "justicia universal". El pasado día 15 de marzo de 2014 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.


La nueva redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que se refiere a crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra queda así: 
"4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:  
a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".
La L.O. 1/2014 incluye una Disposición Transitoria Única disponiendo que:
    "Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella".
Tenemos razones fundadas para pensar que el motivo real que subyace en esa reciente modificación de la LOPJ para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles y disponer el archivo de varios casos, es la oposición a la causa referida y que se conoce como "Caso Mauthausen", ya que es la ÚNICA en condiciones procesales de llegar a un juicio oral y a una sentencia, situación procesal que no se ha concretado a fecha de hoy por decisión deliberada de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juez del caso, pues desde hace aproximadamente un año se reunieron las condiciones procesales para tener a uno de los procesados en suelo español y a disposición de la justicia española (como es sabido, en el ordenamiento jurídico español no existe el juicio en contumacia o ausencia, con lo que sólo si la/s persona/s acusada/s se encuentran a disposición de las autoridades judiciales españolas, se concretiza la posibilidad de llegar a juicio).

Theodor Szehinskyj reside en los Estados Unidos, si bien le fue revocada su ciudadanía estadounidense tras un proceso de desnaturalización motivado por su pasado nazi y su participación en la persecución del Gobierno nacionalsocialista de Alemania contra prisioneros por motivos de raza, religión y origen nacional en el periodo en que sirvió como guarda armado de campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Se desempeñó como guardia de las SS Totenkopf, entre otros, en el campo de concentración de Sachsenhausen, (situado a las afueras de la ciudad de Oranienburg, unos 29 km. al Norte de Berlín), campo en el que estuvieron detenidos centenares de nacionales españoles, entre ellos Francisco Largo Caballero, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que durante la Segunda República Española fue Ministro de Trabajo (1931-1933) y ya durante la Guerra Civil Presidente del Gobierno.


Las acusaciones particulares y populares representadas por el Equipo Nizkor en la causa, solicitaron la ampliación de querella respecto de Theodor Szehinskyj mediante escrito registrado el 16/11/2011 en la Audiencia Nacional, y ello por
"por violación de las leyes y usos de la guerra en vigor en la fecha de los hechos y por los delitos de asesinato, exterminio por motivos políticos, persecución por motivos políticos, esclavitud, trabajos forzados, deportación, detención ilegal, tortura y por actos inhumanos cometidos contra nacionales españoles... en su carácter de población civil y en cuanto prisioneros de guerra, delitos todos ellos con origen en actos que por su carácter sistemático y a gran escala constituyen crímenes contra la humanidad." 

El juez titular el Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional (JCI Núm. 2), Ismael Moreno, dictó auto de imputación contra el mismo el 07dic11, acompañado de Comisión Rogatoria a los EE.UU. para que autoridades de ese país certificaran la documentación probatoria presentada contra el imputado.

El 11sep12 las acusaciones representadas por el Equipo Nizkor solicitaron el procesamiento del imputado y la emisión de orden internacional de detención contra el mismo, días después de que, tras varios meses, entrara en el Juzgado la respuesta de las autoridades estadounidenses, confirmatoria de la documentación probatoria.

El 20nov12, las acusaciones representadas por el Equipo Nizkor presentaron un escrito solicitando al titular del JCI Núm. 2 que ordenara a Asuntos Consulares la emisión de un título de viaje a nombre del imputado,"pues ya no es ciudadano de los Estados Unidos, se encuentra localizado en este país y sometido a un procedimiento de 'removal'", esto es, de simple entrega y no de extradición.

El 26feb13 el Juez Titular del JCI Núm. 2 dictó auto de procesamiento contra Theodor Szehinskyj, pero en lugar de decretar Orden Internacional de Detención, como había hecho respecto de otros procesados en el mismo caso, ordena "librar comunicación a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, para que se proceda a su Búsqueda, Captura e Ingreso en Prisión a disposición de este Juzgado y a resultas de esta causa, librándose en este sentido las correspondientes requisitorias", si bien de las actuaciones resulta que el procesado se halla localizado en los Estados Unidos y "ha sido objeto de orden de deportación de las autoridades judiciales del citado país y que podría ser deportado a España".

Esto quiere decir que al menos desde la fecha del Auto de Procesamiento, el Juzgado en cuestión podría haber activado la entrega del procesado a las autoridades españolas mediante la mera orden a Consulares de emitir un título válido de viaje para el mismo, y sin lugar a dudas, esta posibilidad devenía cierta después de que "mediante comunicación escrita [de] marzo de 2013, la Embajada de los EE.UU. en España informa fehacientemente [al Juzgado] que mediante la recepción por parte de las autoridades estadounidenses del correspondiente título de viaje el procesado puede ser deportado a España." Obtenido el título de viaje, la entrega del procesado se podría haber producido en un tiempo aproximado de dos meses. 

Desde entonces, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el mismo Juzgado han recurrido a toda suerte de maniobras procesales dilatorias, especialmente graves si se tiene en cuenta la avanzada edad de víctimas, familiares y, por supuesto, del propio procesado. Por otra parte, se trata también de la única causa sobre hechos que afectan a la historia de España en cuanto tal: la alineación de España con las Potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de nacionales españoles, especialmente en el campo de Mauthausen. Este archivo, ordenado por la ley 1/2014, de 13 de marzo, tiene un agravante de crueldad, dado que la edad de las víctimas y de los victimarios nos permite decir que intencionadamente están cerrando toda posibilidad histórica de justicia en España por estos crímenes.

El 14 de abril de 2014, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República (1931) y en evidente desprecio a las víctimas, el Juez Ismael Moreno emitió el Auto declarando concluso este sumario y remitiendo las actuaciones a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia "a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado a) del Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir con el mandato previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo..."

En todo caso, las acusaciones particulares y populares representadas por el Equipo Nizkor en la causa, mantendrán las apelaciones y recursos necesarios, hasta agotar la jurisdicción, muy posiblemente ante el Tribunal Constitucional. Y decimos muy posiblemente, porque la capacidad de ingeniería jurídica y política de los distintos Gobiernos es enormemente imaginativa cuando se trata de mantener la impunidad. Es un acto más de desprecio a las víctimas del franquismo y de continuidad de la defensa de los criminales de guerra nacionalsocialistas y franquistas; esta actuación permite cerrar en forma prácticamente definitiva y con manifiesta iniquidad las responsabilidades ante la justicia por los crímenes cometidos en contra de los republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Junto con la Ley de Amnistía, la Ley de la "Memoria", y el planteamiento "doctrinal" de la impunidad a todos los niveles del aparato judicial y de práctica totalidad de los partidos políticos, se cierra toda oportunidad de justicia. 

De nada sirve que los convenios internacionales y el derecho penal internacional aplicable estén por encima de la Constitución. De nada sirve que la Constitución garantice el derecho a la tutela judicial efectiva. Por encima de todo ese discurso falsamente garantista está la defensa del régimen franquista y de sus dirigentes y, por supuesto, de sus aliados nacionalsocialistas. Es la perfección de lo que en nuestro documento de 2004 calificamos como modelo español de impunidad" con toda su iniquidad, impiedad e inhumanidad. 

Tutela judicial efectiva vs jurisdicción universal


Recordamos que el "caso Mauthausen" está basado en la nacionalidad de las víctimas y eso no es "justicia universal", sino "tutela judicial efectiva", esto es, el derecho de acceso a la justicia y al amparo de jueces y tribunales que tiene cualquier ciudadano, tal cual lo recoge la Constitución en vigencia en su artículo 24.

Es precisamente este derecho a la tutela judicial efectiva lo que viene a cerrar la ley propuesta y diligentemente tramitada por el Gobierno del Partido Popular, y no la jurisdicción universal, que dejó de existir para los tribunales españoles tras la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009. (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.)

La mayoría de los casos que se cierran ahora, unos doce según información periodística, están basados en la nacionalidad de las víctimas y no en la jurisdicción universal, aunque el único caso que estaba en condiciones de llegar a juicio oral era el caso de las víctimas republicanas en los campos de exterminio nacionalsocialistas de Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg.

Charleroi y Madrid, 18 de marzo de 2014


Benito Sacaluga




(1) Floren Dimas