La fundación alemana Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Fundación Federal para la Reconciliación de la Dictadura) ha publicado un directorio de archivos con el título "Vademécum de Historia Contemporánea de España. De la Guerra Civil a la democracia", en el que relacionan cientos de archivos, instituciones, bibliotecas, asociaciones, museos y lugares de memoria en los que consultar documentos oficiales o adquirir información relativa al periodo comprendido entre la II República Española y la actualidad, todos ellos relacionados con la Guerra Civil Española, la Dictadura Franquista,la Transición, la Ley de Amnistía, la Ley de la Memoria Histórica y acontecimientos posteriores.
Dicho vademécum, que consta en total de 216 páginas incorpora en sus primeras páginas la exposición de motivos que justifican su existencia y una interesante introducción cuyo texto íntegro reproduzco a continuación.
(*)Tras los regímenes dictatoriales de variado signo padecidos en el siglo XX, muchos países europeos han iniciado un proceso de reevaluación de su pasado histórico en un intento de enfrentarse a sus diferentes y complicadas experiencias. La necesidad de una reflexión crítica sobre el pasado, sin embargo, no debe de valorarse solo desde una perspectiva nacional, sino también desde la perspectiva del bien común europeo, ya que la mirada hacia los errores del pasado puede contribuir a la construcción de un mejor futuro. Desde hace varios años, también España, con el impulso de la movilización ciudadana, ha empezado el camino de la llamada “recuperación de la memoria”.
Después de la muerte de Francisco Franco en 1975, comenzó en España el proceso de transición política, uno de cuyos hechos fundamentales fue la aprobación de las leyes de amnistía, celebradas como un punto de partida para la reconciliación nacional y la reconstrucción de la convivencia democrática. La amnistía incluía todos los actos de intencionalidad política, pero también los delitos de sedición y rebeldía y los excesos y abusos de los funcionarios y agentes del orden público. En este espíritu de reconciliación y de mutuo perdón, se rehabilitaba, por lo tanto, a quienes cumplían condena o cualquier otro tipo de sanción por haber combatido al régimen franquista, como también se exoneraba de posibles responsabilidades criminales a los miembros del régimen. Se contemplaban asimismo otras prestaciones, aunque en la práctica se demostraron insuficientes: por ejemplo, se permitía a los funcionarios civiles sancionados recuperar sus puestos de trabajo y su antigüedad, pero no a los militares, quienes no serían reintegrados a sus carreras.
Indudablemente, las leyes de amnistía reflejaban la voluntad de construir una sociedad democrática sin conflictos ni enfrentamientos, pues los españoles estaban dispuestos a perdonar y dejar atrás su atribulado pasado. La disposición a perdonar se entendía como un reconocimiento de la responsabilidad de los dos bandos participantes en la Guerra Civil; sin embargo, no necesariamente significó una rehabilitación o reparación íntegra.
La amnistía fue acompañada de algunos acontecimientos de reconciliación simbólica con el pasado, como el regreso a España en 1981, procedente de Nueva York, del Guernica de Picasso, símbolo de los horrores de la guerra. Igual significado simbólico tuvo la reconversión del Desfile de la Victoria, que desde 1939 conmemoraba la victoria del llamado bando nacional en la Guerra Civil, en el Día de las Fuerzas Armadas, o la inauguración de un monumento a todos los caídos españoles en 1985 en Madrid. Sin embargo, la reconciliación no alcanzó, por ejemplo, al espacio público, lleno de símbolos de exaltación del régimen franquista. Durante los primeros dos años tras la muerte de Franco todavía se erigieron estatuas en su honor (por ejemplo, en Guadalajara). En cambio, después de 1977 diversas iniciativas para la retirada de la simbología franquista no fructificaron.
Con respeto a la memoria histórica, la Transición española despierta hasta hoy muchas controversias. Frente a quienes mantienen la existencia de un “pacto de olvido” que se extendería no solo desde la Guerra Civil hasta la Transición, sino desde la Segunda República, identificada como causa directa del conflicto, hay quienes defienden la postura de que durante la Transición ni se olvidaba, ni se callaba el pasado, excepto en la esfera política, a fin de impedir su uso como arma en la lucha política. En efecto, entre 1977 y 1996 apenas se prestó interés al pasado en el discurso político. Por el contrario, fuera de este ámbito y, en gran medida en las zonas rurales, existían grupos de personas cuyas acciones estaban relacionadas con la memoria colectiva. El objetivo primordial de estos grupos era proporcionar un sepulcro digno a los todavía desaparecidos: tan temprano como 1979 habían ya surgido asociaciones que, de una forma privada, comenzaron las exhumaciones de fosas comunes. A finales de los años noventa, se habían multiplicado las asociaciones que, además de llevar a cabo las exhumaciones, labor dificultada por la falta de medios económicos y especialistas en la materia, reivindicaban la memoria de las víctimas mediante, por ejemplo, la colocación de placas conmemorativas en lugares de memoria, y reclamaban la supresión de la simbología franquista.
Estas numerosas iniciativas ciudadanas llevaron el debate a la sociedad, de donde se trasladó al ámbito político. No cabía duda del derecho de los españoles a conocer su pasado. Por ello, en la medida en que existían fosas comunes sin exhumar o archivos inaccesibles, estas reivindicaciones debían atenderse desde los poderes públicos.
Así, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó en su sesión del 20 de noviembre de 2002 una proposición no de ley en cuya virtud, además de un reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, de la represión y del exilio, se condenaba expresamente el régimen franquista al afirmar que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
Tras la llegada del partido socialista al poder en el año 2004, fueron aprobadas diversas normas tendentes a la reivindicación de la memoria histórica, las cuales no estuvieron exentas de polémica, siendo tachadas de oportunistas y partidistas, polémica que, en mayor o menor medida, aún subsiste en la opinión pública española. Especialmente controvertido fue el caso de los llamados “papeles de Salamanca”, por referencia a la documentación del antiguo Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca que debía ser restituida a la Generalitat de Cataluña en virtud de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre. Por dicha Ley también se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica, en el cual se integrarían los fondos del Archivo General de la Guerra Civil.
Otro hito en este proceso de reivindicación de la memoria histórica fue la declaración del año 2006, al cumplirse el 75º aniversario de la proclamación de la Segunda República y el 70º aniversario del comienzo de la Guerra Civil, como Año de la Memoria Histórica “en homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil, o posteriormente de la represión de la dictadura franquista, por su defensa de los valores y principios democráticos, así como de quienes, con su esfuerzo a favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles, hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978”.
El proceso culminó con la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, cuyos objetivos eran el reconocimiento de las víctimas, la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas y de las condenas impuestas, la mejora de diversas prestaciones, medidas para la localización e identificación de las víctimas, la eliminación de símbolos franquistas y el derecho de acceso a los archivos. Sin embargo, esta Ley fue criticada por imponer una versión meramente politizada de la promoción de la “memoria histórica”, que no tiene interés en la historia y no trata de revisión, sino de politización.
Con independencia de las críticas suscitadas, la Ley de Memoria Histórica no ha cumplido sus objetivos por entero, por cuanto en la práctica no ha logrado desterrar completamente ni los símbolos ni la nomenclatura del régimen franquista de los espacios públicos. El caso más controvertido quizá sea el del Valle de los Caídos. El monumento fue erigido entre 1940 y 1958, participando en su construcción presos políticos. Además de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, allí están enterrados miles de combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil, por lo que se pretendía que fuese un sitio de reconciliación. Aun cuando forma parte del Patrimonio Nacional del Estado, desde la muerte de Franco no ha sido objeto de una evaluación crítica y educativa hasta la fecha. En 2011 fue creada una Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos con el objetivo de elaborar un informe con fórmulas para re-significar el monumento. En este informe se recomienda, entre otras cosas, la transformación del Valle de los Caídos en un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil, la creación de un Centro de Interpretación, el traslado de los restos del General Franco a otro lugar y la evitación de que los restos de José Antonio Primo de Rivera ocupen un lugar preeminente en la Basílica.
La cuestión del Valle de los Caídos refleja, no obstante, una extraña ausencia de lugares de memoria en forma de museos o centros públicos que sirvan para informar sobre el pasado histórico y, en consecuencia, transmitir y educar sobre el consenso democrático, especialmente desde el punto de vista de experiencias extranjeras como la de Alemania o la de los países postcomunistas. La mayoría de los lugares de memoria en España que pueden ser calificados como un recuerdo visual y emocional de las víctimas, sin tener en cuenta la herencia franquista que recuerda las del llamado bando nacional, son simples placas, financiadas en su mayoría por agrupaciones de víctimas de distinta orientación política e ideológica, colocadas en cementerios donde en su día se ubicaron fosas comunes.
Sorprende, por ejemplo, que los campos de concentración franquistas no hayan despertado un interés público para su museización. Desde una perspectiva nacional, dentro del panorama de sitios de memoria que existen físicamente y cumplen una función informativa y educativa, destaca Cataluña, donde el Memorial Democràtic de la Generalitat concentra sus esfuerzos, entre otros, en el mantenimiento del patrimonio histórico, creando espacios de memoria que abarcan desde museos hasta itinerarios educativos a través de la historia.
A pesar de las controversias que la Ley de Memoria Histórica despierta, no cabe duda que uno de sus logros más significativos es la regulación del derecho de acceso a los archivos públicos, cuyos fondos eran hasta entonces en gran parte inaccesibles (por ejemplo, archivos militares), lo que garantiza el cumplimento de los derechos fundamentales de información y participación, y, a su vez, permite un estudio más profundo y crítico. Las restricciones persisten en algunos casos, exigiéndose la previa aprobación por la autoridad competente de la solicitud de acceso, como sucede con los archivos dependientes del Ministerio del Interior. A pesar de estos inconvenientes, el número de publicaciones científicas es una prueba de esta importancia. También ha aumentado significativamente el número de centros de investigación académicos y no académicos dedicados a la historia reciente española. Tanto estos centros como los propios archivos hoy en día no solo promueven la investigación, sino que, a su vez, divulgan el conocimiento a través de exposiciones y bases de datos que pueden ser consultadas de forma libre y gratuita.
Por lo tanto, a pesar de que la cultura de la memoria sigue siendo polémica e imperfecta, tras casi cuarenta años de democracia España lentamente entra en la senda de otros países europeos que se enfrentan a su complicada historia. Por ello, merece la pena conocer aquellas entidades que pretenden o incluso apoyan la evaluación crítica del pasado, así como aquellas otras que de una u otra manera contribuyen a este fin. El doble elemento comparativo de la evaluación del régimen y de la constitución de la democracia española proporciona además una interesante conexión, por ejemplo, con otros procesos similares en la Europa del Este. El Vademécum pretende así ofrecer un panorama general sobre archivos (públicos y privados), instituciones, bibliotecas, museos, sitios de memoria, asociaciones y recursos virtuales, comprometidos con el estudio de los orígenes, de la historia y de las consecuencias de la Guerra Civil, de la dictadura y de la Transición en España entre 1936 y 1981. No obstante, el Vademécum no solo debe de ser una referencia básica para los investigadores interesados en la historia y la cultura españolas del siglo XX, sino que también debe de constituir una prueba de la existencia de una memoria histórica y una cultura de la memoria que, aunque con retraso, se caracteriza por surgir de movimientos ciudadanos, con variedad de formas y especificidades regionales. En el contexto de un estudio comparado de las dictaduras europeas y de una historiografía transnacional, este Vademécum está llamado a ser una herramienta muy útil. Con la convicción de que la evaluación crítica del pasado aclara la conciencia del presente y es fundamental para la democratización de la sociedad europea, esta obra pretende también demostrar que España está llenando su hueco en el mapa europeo de la cultura de la memoria.
Ya que el Vademécum se dirige de un modo preferente al lector extranjero interesado en la historia de España, lo que no excluye que pueda resultar de ayuda o interés para el lector español, está redactado en castellano e inglés. Por lo general, se ha prescindido de incluir los nombres en las respectivas lenguas regionales como catalán, gallego o vascuence, aunque la nomenclatura oficial sea en esas lenguas. Para facilitar su consulta, el Vademécum no sigue la estructura archivística estatal, sino que se organiza según el contenido de los fondos, desde los fondos generales hasta los fondos particulares.
La documentación relacionada tanto con el conflicto bélico español como con la dictadura franquista es muy extensa. Así, los Archivos Históricos Provinciales preservan colecciones relevantes, aunque de temática similar (relacionados, por ejemplo, con instituciones del Movimiento Nacional). Por ello, se descartó incluirlos todos (viendo que hay en España 17 autonomías, 52 provincias y 2 ciudades autónomas), de ahí que se hayan limitado a aquellos con fondos de interés especial y único. El Vademécum se ciñe a indexar instituciones en España, por lo que tampoco se incluyen archivos internacionales con fondos relacionados con este período histórico.
Para aquellos interesados, una herramienta de utilidad es el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm), que facilita la búsqueda según fondos documentales, archivos o incluso autoridades. Otra posibilidad la proporciona el Portal de Archivos Españoles (http://pares.mcu.es/), que permite la consulta de los fondos del Patrimonio Histórico Documental Español.
Finalmente, la Guía de Fuentes Documentales de Archivos (http://www.mcu.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentesdoc&cache=init &language=es) proporciona bases de datos temáticas de documentos procedentes de archivos públicos y privados de España, y de otros países europeos e iberoamericanos.
Desilusiona, sin embargo, el número de archivos eclesiásticos incluidos (capítulo 1.3.), ya que sus fondos podrían proporcionar a los investigadores un material rico y de gran variedad para el estudio del período (el Archivo del Cardenal Gomá, depositado en el Archivo Histórico General de la Diócesis de Toledo, sería solo uno de ellos). No obstante, aparte de que la información sobre sus contenidos es escasa, por lo general no se puede acceder a los documentos de los últimos 75 años.
Por el contrario, los archivos de otras instituciones (capítulo 1.4), principalmente fundaciones, en su mayoría de naturaleza privada, ofrecen amplitud de materiales documentales, audiovisuales y sonoros. Estos archivos contienen fondos, en parte digitalizados y accesibles vía internet, de los ámbitos político, sindical, cultural y económico. Además del acceso a los fondos, en ocasiones estas entidades pueden facilitar el contacto con “testigos de la época” (especialmente, aquéllas del ámbito político o sindical).
El Vademécum relaciona también centros de investigación académicos y no académicos (capítulo 3), centrados en la historia de España del siglo XX. Junto con la organización de exposiciones y conferencias, la elaboración de bases de datos online y publicaciones, muchos cuentan, asimismo, con fondos y bibliotecas especializadas.
La última parte del Vademécum está dedicada explícitamente a la memoria histórica, recopilando las más destacadas asociaciones, lugares de memoria y recursos virtuales relacionados con el tema. La cantidad de grupos y asociaciones que luchan por la memoria de diferentes grupos sociales o políticos es inabarcable. El objetivo del Vademécum fue, por lo tanto, señalar los más significativos, ofreciendo el abanico más amplio posible: desde quienes reivindican la memoria de cada uno de los dos bandos en la Guerra Civil hasta quienes reivindican la preservación de la arquitectura militar y el patrimonio histórico. Así pues, el capítulo 4 facilita una visión general, aunque limitada, de diferentes reivindicaciones, si bien en el caso de las asociaciones de supervivientes y sus familiares, éstas pueden resultar de gran ayuda para quienes buscan testigos y participantes de diferentes tendencias.
Dentro del apartado de lugares de memoria (capítulo 5), se presenta solo lo más significativo o elaborado (por ejemplo, museos o itinerarios completos), obviando las numerosas placas y las esculturas conmemorativas. Igualmente inabarcables son los recursos virtuales relacionados con la Guerra Civil y el franquismo (capítulo 6). Sin duda, internet y las nuevas tecnologías sirven de lugar conmemorativo e intentan compensar la ausencia en los espacios públicos. Dadas la multitud de estas iniciativas y las diferencias de rigor histórico en muchas de ellas, el Vademécum contempla aquellas páginas web respaldadas por entidades oficiales públicas y académicas, entre las que se comprenden bases de datos de desaparecidos y víctimas o mapas de fosas comunes.
El Vademécum compila una parte de las iniciativas surgidas alrededor de la memoria histórica, a la vez que refleja la evolución social en este tema en los últimos años. Su elaboración, sin embargo, no habría sido posible sin el entusiasmo y la colaboración de numerosas instituciones y personas, a quienes va dirigido mi más sincero agradecimiento.
(*) El vademécum puede adquirirse en :
Kronenstraße 5
D-10177 Berlin
Tel.: 0049 (0)30 23 24 72 00
Fax: 0049 (0)30 23 24 72 10
www.stiftung-aufarbeitung.de
buero@stiftung-aufarbeitung.de
Precio / Price: 5 €
Madrid, Berlin. 2012©
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