LOS PAPELES DE LA GUERRA CIVIL

La fundación alemana Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Fundación Federal para la Reconciliación de la Dictadura) ha publicado un directorio de archivos con el título "Vademécum de Historia Contemporánea de España. De la Guerra Civil a la democracia", en el que relacionan cientos de archivos, instituciones, bibliotecas, asociaciones, museos y lugares de memoria en los que consultar documentos oficiales o adquirir información relativa al periodo comprendido entre la II República Española y la actualidad, todos ellos relacionados con la Guerra Civil Española, la Dictadura Franquista,la Transición, la Ley de Amnistía, la Ley de la Memoria Histórica y acontecimientos posteriores. 

Dicho vademécum, que consta en total de 216 páginas incorpora en sus primeras páginas la exposición de motivos que justifican su existencia y una interesante introducción cuyo texto íntegro reproduzco a continuación.

(*)Tras los regímenes dictatoriales de variado signo padecidos en el siglo XX, muchos países europeos han iniciado un proceso de reevaluación de su pasado histórico en un intento de enfrentarse a sus diferentes y complicadas experiencias. La necesidad de una reflexión crítica sobre el pasado, sin embargo, no debe de valorarse solo desde una perspectiva nacional, sino también desde la perspectiva del bien común europeo, ya que la mirada hacia los errores del pasado puede contribuir a la construcción de un mejor futuro. Desde hace varios años, también España, con el impulso de la movilización ciudadana, ha empezado el camino de la llamada “recuperación de la memoria”.

Después de la muerte de Francisco Franco en 1975, comenzó en España el proceso de transición política, uno de cuyos hechos fundamentales fue la aprobación de las leyes de amnistía, celebradas como un punto de partida para la reconciliación nacional y la reconstrucción de la convivencia democrática. La amnistía incluía todos los actos de intencionalidad política, pero también los delitos de sedición y rebeldía y los excesos y abusos de los funcionarios y agentes del orden público. En este espíritu de reconciliación y de mutuo perdón, se rehabilitaba, por lo tanto, a quienes cumplían condena o cualquier otro tipo de sanción por haber combatido al régimen franquista, como también se exoneraba de posibles responsabilidades criminales a los miembros del régimen. Se contemplaban asimismo otras prestaciones, aunque en la práctica se demostraron insuficientes: por ejemplo, se permitía a los funcionarios civiles sancionados recuperar sus puestos de trabajo y su antigüedad, pero no a los militares, quienes no serían reintegrados a sus carreras.

Indudablemente, las leyes de amnistía reflejaban la voluntad de construir una sociedad democrática sin conflictos ni enfrentamientos, pues los españoles estaban dispuestos a perdonar y dejar atrás su atribulado pasado. La disposición a perdonar se entendía como un reconocimiento de la responsabilidad de los dos bandos participantes en la Guerra Civil; sin embargo, no necesariamente significó una rehabilitación o reparación íntegra.

La amnistía fue acompañada de algunos acontecimientos de reconciliación simbólica con el pasado, como el regreso a España en 1981, procedente de Nueva York, del Guernica de Picasso, símbolo de los horrores de la guerra. Igual significado simbólico tuvo la reconversión del Desfile de la Victoria, que desde 1939 conmemoraba la victoria del llamado bando nacional en la Guerra Civil, en el Día de las Fuerzas Armadas, o la inauguración de un monumento a todos los caídos españoles en 1985 en Madrid. Sin embargo, la reconciliación no alcanzó, por ejemplo, al espacio público, lleno de símbolos de exaltación del régimen franquista. Durante los primeros dos años tras la muerte de Franco todavía se erigieron estatuas en su honor (por ejemplo, en Guadalajara). En cambio, después de 1977 diversas iniciativas para la retirada de la simbología franquista no fructificaron.

Con respeto a la memoria histórica, la Transición española despierta hasta hoy muchas controversias. Frente a quienes mantienen la existencia de un “pacto de olvido” que se extendería no solo desde la Guerra Civil hasta la Transición, sino desde la Segunda República, identificada como causa directa del conflicto, hay quienes defienden la postura de que durante la Transición ni se olvidaba, ni se callaba el pasado, excepto en la esfera política, a fin de impedir su uso como arma en la lucha política. En efecto, entre 1977 y 1996 apenas se prestó interés al pasado en el discurso político. Por el contrario, fuera de este ámbito y, en gran medida en las zonas rurales, existían grupos de personas cuyas acciones estaban relacionadas con la memoria colectiva. El objetivo primordial de estos grupos era proporcionar un sepulcro digno a los todavía desaparecidos: tan temprano como 1979 habían ya surgido asociaciones que, de una forma privada, comenzaron las exhumaciones de fosas comunes. A finales de los años noventa, se habían multiplicado las asociaciones que, además de llevar a cabo las exhumaciones, labor dificultada por la falta de medios económicos y especialistas en la materia, reivindicaban la memoria de las víctimas mediante, por ejemplo, la colocación de placas conmemorativas en lugares de memoria, y reclamaban la supresión de la simbología franquista. 

Estas numerosas iniciativas ciudadanas llevaron el debate a la sociedad, de donde se  trasladó al ámbito político. No cabía duda del derecho de los españoles a conocer su pasado. Por ello, en la medida en que existían fosas comunes sin exhumar o archivos inaccesibles, estas reivindicaciones debían atenderse desde los poderes públicos.

Así, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó en su sesión del 20 de noviembre de 2002 una proposición no de ley en cuya virtud, además de un reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, de la represión y del exilio, se condenaba expresamente el régimen franquista al afirmar que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.

Tras la llegada del partido socialista al poder en el año 2004, fueron aprobadas diversas normas tendentes a la reivindicación de la memoria histórica, las cuales no estuvieron exentas de polémica, siendo tachadas de oportunistas y partidistas, polémica que, en mayor o menor medida, aún subsiste en la opinión pública española. Especialmente controvertido fue el caso de los llamados “papeles de Salamanca”, por referencia a la documentación del antiguo Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca que debía ser restituida a la Generalitat de Cataluña en virtud de la Ley 21/2005, de 17   de noviembre. Por dicha Ley también se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica, en el cual se integrarían los fondos del Archivo General de la Guerra Civil.

Otro hito en este proceso de reivindicación de la memoria histórica fue la declaración del año 2006, al cumplirse el 75º aniversario de la proclamación de la Segunda República y el 70º aniversario del comienzo de la Guerra Civil, como Año de la Memoria Histórica “en homenaje y reconocimiento de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil, o posteriormente de la represión de la dictadura franquista, por su defensa de los valores y principios democráticos, así como de quienes, con su esfuerzo a favor de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles, hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978”.

El proceso culminó con la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, cuyos objetivos eran el reconocimiento de las víctimas, la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas y de las condenas impuestas, la mejora de diversas prestaciones, medidas para la localización e identificación de las víctimas, la eliminación de símbolos franquistas y el derecho de acceso a los archivos. Sin embargo, esta Ley fue criticada por imponer una versión meramente politizada de la promoción de la “memoria histórica”, que no tiene interés en la historia y no trata de revisión, sino de politización.

Con independencia de las críticas suscitadas, la Ley de Memoria Histórica no ha cumplido sus objetivos por entero, por cuanto en la práctica no ha logrado desterrar completamente ni los símbolos ni la nomenclatura del régimen franquista de los espacios públicos. El caso más controvertido quizá sea el del Valle de los Caídos. El monumento fue erigido entre 1940 y 1958, participando en su construcción presos políticos. Además de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, allí están enterrados miles de combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil, por lo que se pretendía que fuese un sitio de reconciliación. Aun cuando forma parte del Patrimonio Nacional del Estado, desde la muerte de Franco no ha sido objeto de una evaluación crítica y educativa hasta la fecha. En 2011 fue creada una Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos con el objetivo de elaborar un informe con fórmulas para re-significar el monumento. En este informe se recomienda, entre otras cosas, la transformación del Valle de los Caídos en un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil, la creación de un Centro de Interpretación, el traslado de los restos del General Franco a otro lugar y la evitación de que los restos de José Antonio Primo de Rivera ocupen un lugar preeminente en la Basílica.

La cuestión del Valle de los Caídos refleja, no obstante, una extraña ausencia de lugares de memoria en forma de museos o centros públicos que sirvan para informar sobre el pasado histórico y, en consecuencia, transmitir y educar sobre el consenso democrático, especialmente desde el punto de vista de experiencias extranjeras como la de Alemania o la de los países postcomunistas. La mayoría de los lugares de memoria en España que pueden ser calificados como un recuerdo visual y emocional de las víctimas, sin tener en cuenta la herencia franquista que recuerda las del llamado bando nacional, son simples placas, financiadas en su mayoría por agrupaciones de víctimas de distinta orientación política e ideológica, colocadas en cementerios donde en su día se ubicaron fosas comunes.

Sorprende, por ejemplo, que los campos de concentración franquistas no hayan despertado un interés público para su museización. Desde una perspectiva nacional, dentro del panorama de sitios de memoria que existen físicamente y cumplen una función informativa y educativa, destaca Cataluña, donde el Memorial Democràtic de la Generalitat concentra sus esfuerzos, entre otros, en el mantenimiento del patrimonio histórico, creando espacios de memoria que abarcan desde museos hasta itinerarios educativos a través de la historia.

A pesar de las controversias que la Ley de Memoria Histórica despierta, no cabe duda que uno de sus logros más significativos es la regulación del derecho de acceso a los archivos públicos, cuyos fondos eran hasta entonces en gran parte inaccesibles (por ejemplo, archivos militares), lo que garantiza el cumplimento de los derechos fundamentales de información y participación, y, a su vez, permite un estudio más profundo y crítico. Las restricciones persisten en algunos casos, exigiéndose la previa aprobación por la autoridad competente de la solicitud de acceso, como sucede con los archivos dependientes del Ministerio del Interior. A pesar de estos inconvenientes, el número de publicaciones científicas es una prueba de esta importancia. También ha aumentado significativamente el número de centros de investigación académicos y no académicos dedicados a la historia reciente española. Tanto estos centros como los propios archivos hoy en día no solo promueven la investigación, sino que, a su vez, divulgan el conocimiento a través de exposiciones y bases de datos que pueden ser consultadas de forma libre y gratuita.

 Por lo tanto, a pesar de que la cultura de la memoria sigue siendo polémica e imperfecta, tras casi cuarenta años de democracia España lentamente entra en la senda de otros países europeos que se enfrentan a su complicada historia. Por ello, merece la pena conocer aquellas entidades que pretenden o incluso apoyan la evaluación crítica del pasado, así como aquellas otras que de una u otra manera contribuyen a este fin. El doble elemento comparativo de la evaluación del régimen y de la constitución de la democracia española proporciona además una interesante conexión, por ejemplo, con otros procesos similares en la Europa del Este. El Vademécum pretende así ofrecer un panorama general sobre archivos (públicos y privados), instituciones, bibliotecas, museos, sitios de memoria, asociaciones y recursos virtuales, comprometidos con el estudio de los orígenes, de la historia y de las consecuencias de la Guerra Civil, de la dictadura y de la Transición en España entre 1936 y 1981. No obstante, el Vademécum no solo debe de ser una referencia básica para los investigadores interesados en la historia y la cultura españolas del siglo XX, sino que también debe de constituir una prueba de la existencia de una memoria histórica y una cultura de la memoria que, aunque con retraso, se caracteriza por surgir de movimientos ciudadanos, con variedad de formas y especificidades regionales. En el contexto de un estudio comparado de las dictaduras europeas y de una historiografía transnacional, este Vademécum está llamado a ser una herramienta muy útil. Con la convicción de que la evaluación crítica del pasado aclara la conciencia del presente y es fundamental para la democratización de la sociedad europea, esta obra pretende también demostrar que España está llenando su hueco en el mapa europeo de la cultura de la memoria.

Ya que el Vademécum se dirige de un modo preferente al lector extranjero interesado en la historia de España, lo que no excluye que pueda resultar de ayuda o interés para el lector español, está redactado en castellano e inglés. Por lo general, se ha prescindido de incluir los nombres en las respectivas lenguas regionales como catalán, gallego o vascuence, aunque la nomenclatura oficial sea en esas lenguas. Para facilitar su consulta, el Vademécum no sigue la estructura archivística estatal, sino que se organiza según el contenido de los fondos, desde los fondos generales hasta los fondos particulares.

La documentación relacionada tanto con el conflicto bélico español como con la dictadura franquista es muy extensa. Así, los Archivos Históricos Provinciales preservan colecciones relevantes, aunque de temática similar (relacionados, por ejemplo, con instituciones del Movimiento Nacional). Por ello, se descartó incluirlos todos (viendo que hay en España 17 autonomías, 52 provincias y 2 ciudades autónomas), de ahí que se hayan limitado a aquellos con fondos de interés especial y único. El Vademécum se ciñe a indexar instituciones en España, por lo que tampoco se incluyen archivos internacionales con fondos relacionados con este período histórico. 

Para aquellos interesados, una herramienta de utilidad es el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm), que facilita la búsqueda según fondos documentales, archivos o incluso autoridades. Otra posibilidad la proporciona el Portal de Archivos Españoles (http://pares.mcu.es/), que permite la consulta de los fondos del Patrimonio Histórico Documental Español. 

Finalmente, la Guía de Fuentes Documentales de Archivos (http://www.mcu.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentesdoc&cache=init &language=es)  proporciona bases de datos temáticas de documentos procedentes de archivos públicos y privados de España, y de otros países europeos e iberoamericanos.

Desilusiona, sin embargo, el número de archivos eclesiásticos incluidos (capítulo 1.3.), ya que sus fondos podrían proporcionar a los investigadores un material rico y de gran variedad para el estudio del período (el Archivo del Cardenal Gomá, depositado en el Archivo Histórico General de la Diócesis de Toledo, sería solo uno de ellos). No obstante, aparte de que la información sobre sus contenidos es escasa, por lo general no se puede acceder a los documentos de los últimos 75 años.

Por el contrario, los archivos de otras instituciones (capítulo 1.4), principalmente fundaciones, en su mayoría de naturaleza privada, ofrecen amplitud de materiales documentales, audiovisuales y sonoros. Estos archivos contienen fondos, en parte digitalizados y accesibles vía internet, de los ámbitos político, sindical, cultural y económico. Además del acceso a los fondos, en ocasiones estas entidades pueden facilitar el contacto con “testigos de la época” (especialmente, aquéllas del ámbito político o sindical).

El Vademécum relaciona también centros de investigación académicos y no académicos (capítulo 3), centrados en la historia de España del siglo XX. Junto con la organización de exposiciones y conferencias, la elaboración de bases de datos online y publicaciones, muchos cuentan, asimismo, con fondos y bibliotecas especializadas.

La última parte del Vademécum está dedicada explícitamente a la memoria histórica, recopilando las más destacadas asociaciones, lugares de memoria y recursos virtuales relacionados con el tema. La cantidad de grupos y asociaciones que luchan por la memoria de diferentes grupos sociales o políticos es inabarcable. El objetivo del Vademécum fue, por lo tanto, señalar los más significativos, ofreciendo el abanico más amplio posible: desde quienes reivindican la memoria de cada uno de los dos bandos en la Guerra Civil hasta quienes reivindican la preservación de la arquitectura militar y el patrimonio histórico. Así pues, el capítulo 4 facilita una visión general, aunque limitada, de diferentes reivindicaciones, si bien en el caso de las asociaciones de supervivientes y sus familiares, éstas pueden resultar de gran ayuda para quienes buscan testigos y participantes de diferentes tendencias.

Dentro del apartado de lugares de memoria (capítulo 5), se presenta solo lo más significativo o elaborado (por ejemplo, museos o itinerarios completos), obviando las numerosas placas y las esculturas conmemorativas. Igualmente inabarcables son los recursos virtuales relacionados con la Guerra Civil y el franquismo (capítulo 6). Sin duda, internet y las nuevas tecnologías sirven de lugar conmemorativo e intentan compensar la ausencia en los espacios públicos. Dadas la multitud de estas iniciativas y las diferencias de rigor histórico en muchas de ellas, el Vademécum contempla aquellas páginas web respaldadas por entidades oficiales públicas y académicas, entre las que se comprenden bases de datos de desaparecidos y víctimas o mapas de fosas comunes.

El Vademécum compila una parte de las iniciativas surgidas alrededor de la memoria histórica, a la vez que refleja la evolución social en este tema en los últimos años. Su elaboración, sin embargo, no habría sido posible sin el entusiasmo y la colaboración de numerosas instituciones y personas, a quienes va dirigido mi más sincero agradecimiento.

(*) El vademécum puede adquirirse en :

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstraße 5
D-10177 Berlin
Tel.: 0049 (0)30 23 24 72 00
Fax: 0049 (0)30 23 24 72 10
www.stiftung-aufarbeitung.de
buero@stiftung-aufarbeitung.de
Precio / Price: 5 €
Madrid, Berlin. 2012©

LA ARMADA OLVIDA A SUS MARINOS

 "Con motivo de la festividad del Día de los Fieles Difuntos, el pasado viernes a las 11.00 horas, se celebraba en el Panteón de la Armada del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena un acto de homenaje y recuerdo a los difuntos de la Armada Española.

Panteón de la Armada Española. Cementerio de los Remedios
Cartagena, costeado por el Estado.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron Mausoleo de Isaac Peral, del mismo cementerio, donde se celebró un acto organizado por la Base de Submarinos, en recuerdo de este ilustre marino cartagenero fallecido en 1895.

Los actos fueron presididos por el Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena , vicealmirante Fernando Zumalacárregui Luxán, acompañado por el Almirante de Acción Marítima vicealmirante Salvador Maria Delgado Moreno.

En el mismo cementerio, no muy lejos de donde se celebró el acto descrito anteriormente, se encuentra la tumba de Marinos Republicanos fusilados por el Régimen franquista.

Panteón de marinos republicanos fusilados en Cartagena por  el Régimen  franquista, una vez acabada la Guerra de España, costeado por la Asociación Memoria Histórica de Cartagena

Pese a los intentos por parte de nuestra Asociación, la Marina de Guerra Española, hace oídos sordos a nuestra petición de que los Marinos Republicanos reciban el mismo trato y se les de el mismo homenaje y reconocimiento. (AMHC) (1)

El Almirante que presidió el acto lo es también del Arsenal de Cartagena, Arsenal en el cual desempeñaban su servicio a la Marina la mayoría de los republicanos que reposan en el panteón, panteón que existe gracias a Memoria Histórica de Cartagena, impulsora y responsable del ilusionante proyecto, lo que era una fosa común anónima se convirtió en una sepultura digna y los que en ella descansan están identificados. Todos ellos fusilados en el Arsenal, primero el muelle del carbón y luego el campo de deportes, fueron los escenarios elegidos para los fusilamientos que en Cartagena y de forma diaria se llevaron a cabo a partir del 29 de abril de 1939.

No es la primera vez que se intenta que la Armada dedique unos minutos a rendir homenaje a los marinos republicanos, nunca se ha conseguido a pesar de la proximidad del Panteón de la Armada a la tumba de los fusilados y a la de los marinos del "Miguel de Cervantes", unos pocos metros las separan, pero la actitud de la Armada sigue siendo la misma que mantenía en los años de la dictadura, a estos marinos que fueron fieles al gobierno legítimo se les sigue considerando culpables de rebelión militar y por tanto desprovistos de su condición de miembros de la Armada. 

La vergonzosa Ley de Amnistía les abandona. Las sentencias de los Consejos de Guerra franquistas no se anulan. Su memoria no se limpia y sus méritos no se reconocen. ¿Actúa la Armada bajo unos principios democráticos relegando a estos marinos? ¿Es constitucional que sus derechos se conculquen a causa de sus ideas políticas o religiosas? ¿Es políticamente incorrecto homenajear a marinos republicanos teniendo en cuenta que nuestra sociedad tiene como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas a un rey designado por un dictador? Si la derecha española justifica la existencia del Valle de los Caídos porque en él reposan los restos de combatientes de los dos ejércitos y a los dos se les rinde homenaje, ¿porqué no se hace lo mismo en el Cementerio de Cartagena? ¿Porqué esta falta de higiene democrática en el seno de la Armada Española?

No nos engañemos. Los herederos del franquismo, con el rey a la cabeza, no cesan de pedir que el pueblo republicano olvide los horrores de la represión franquista, que pase página, que incluso perdone a sus verdugos, que miremos al futuro y enterremos el pasado,..... mientras ellos siguen reprimiendo nuestros derechos, despreciando a las victimas y humillando a los marinos que dieron su vida por una libertad plena enfrentándose a un ejercito golpista, sublevado y  rebelado contra la Patria, pisoteando los votos de millones de españoles, aliado de los mismos regímenes fascistas y nazis (Italia y Alemania) que expandieron la guerra por medio mundo.  ¿Es posible olvidar cuando se nos sigue humillando?

Miedo. Es el miedo. Miedo a que un sencillo homenaje oficial a marinos republicanos pueda interpretarse como un reconocimiento de su condición de Caídos por la Libertad, como una aceptación oficial y pública de su condición de represaliados. ¿Os imagináis el discurso del Almirante ante la tumba de los marinos republicanos? Miedo no exento de cierto desprecio, ambos callados pero muy evidentes a través de sus actos, cobardía que se disfraza en cumplimiento de las ordenes recibidas. 

Estoy convencido, me consta,  que la inmensa mayoría de los mandos y marinería no tendría ningún problema en rendir homenaje a los marinos republicanos, pero el problema no está en ellos, el problema, la causa de todo este desprecio, hay que buscarla en las Jefaturas del Estado y del Gobierno, que lo son de todos los españoles, republicanos incluidos, pero que no permiten que se haga nada que pueda suponer , ni por asomo, la más mínima posibilidad de poner en peligro sus cargos, especialmente en lo que atañe al Jefe del Estado y a su aparato.

Mientras que en el extranjero se rinden honores de estado a los combatientes republicanos, en España se les arrincona y desprecia. ¿Olvidar? Muy difícil es olvidar tanto daño, más aún si los autores de aquello que se pretende olvidar se empeñan en arrojar sal a las heridas. En contra de lo que algunos científicos defienden el cerebro humano no está facultado para el olvido selectivo, voluntario y definitivo, menos aún si las agresiones que se pretenden olvidar, en mayor o menor medida, se siguen produciendo.

Benito Sacaluga

(1) Asociación Memoria Histórica de Cartagena

LA IMPUNIDAD DE LOS FRANQUISTAS, DEL FRANQUISMO Y DEL....

Fue en 2008, gobernaba en España el PSOE bajo la presidencia de Rodriguez Zapatero, nunca hasta entonces se habían escuchado en el parlamento español los nombres de muchos de los que lucharon contra Franco. Parece ser que ni Zapatero ni nadie de los que allí se encontraban se avergonzaron de si mismos al oír las contundentes palabras de Tardá.

La prensa, los medios de comunicación, los periodistas, no se hicieron eco de la intervención de Tardá, actuaron ante este discurso según les indicó Juan Carlos de Borbón, en 1973, todavía príncipe de Asturias, con ocasión de la entrega de los premios nacionales de periodismo:

 “Vuestra labor es difícil y de gran responsabilidad, pues necesitáis, además de unas condiciones especiales para captar la realidad, una gran ponderación y sacrificar, incluso, algún éxito personal en aras de la discreción”

Sesión de las Cortes, Madrid, 25 de noviembre 2008-11-26

Diputado de ERC D. Joán Tardá   

Señorías,

¿Conciben que en el Parlamento alemán pudiera existir una sala dedicada a un jerarca nazi? ¿Conciben que en la Alemania actual pudiera desfilar en una parada militar un representante de la Legión Cóndor? ¿Conciben una Alemania con la cruz gamada en los edificios públicos porque son patrimonio histórico? 

Evidentemente, no. En Alemania, no. Pero aquí, sí, Aquí, en este parlamento existe una sala dedicada a un ministro franquista corresponsable de muertes y ejecuciones. Aquí se ha promovido por parte del ministerio de Defensa la participación de un miembro de la División Azul un 12 de Octubre. Y sólo hace falta pasear por calles y plazas para darse cuenta  de  la excepcionalidad y la anomalía del caso español. 

La llegada al poder del PSOE en 2004 renovó la esperanza que, finalmente, el Estado español dejaría de ser una democracia incapaz de metabolizar su pasado totalitario. Gestos como la mención a su abuelo fusilado por parte del Presidente del Gobierno en el discurso de investidura o el compromiso adquirido por  la Vicepresidenta de proceder a la anulación de la sentencia de  Lluís Companys vino a reforzar la esperanza de miles de víctimas de la Dictadura y de sus descendientes. 

Pero el resultado de la ley fue muy otro. Hoy, el presidente del Gobierno no podría articular aquellas palabras. Tanto es así, que no solamente no piensa modificar la ley, sino que pretende dar carpetazo a las demandas de las entidades memorialistas al afirmar que todo lo que “esté en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato”. Ya en otra ocasión, los republicanos catalanes le instamos a no defraudar a las víctimas, de  manera que  sus descendientes y nuestros jóvenes puedan sentirse  tan orgullosos de nosotros como nosotros nos sentimos deudores hacia las víctimas antifascistas, allegadas familiarmente o no. Sus últimas  palabras denotan que las  pronunciadas en la sesión de investidura no eran sinceras. 

La llamada Ley de la Memoria no es suficiente y ofende  por no reconocer a todas las personas represaliadas ni  otorgarles la condición jurídica de víctimas. La ley, además, obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquellos realizados sistemáticamente por el Franquismo, no reconoce el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar establecidos por la ONU, no anulan las sentencias de tribunales ilegítimos e ilegales, no    restituyen los patrimonios expoliados y ni tan siquiera  retiran las distinciones y títulos  otorgados a los criminales.  

Señorías, urge modificar  la Ley para reparar a todas las víctimas y para que el Estado asuma todas las responsabilidades que se deriven. Hace un año sólo lo decíamos nosotros. Hoy, el Comité de Derechos Humanos de la ONU nos da la razón. Hoy, la ONU les insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977 por la impunidad que consagra. 

Han levantado un edificio argumental sobre los cimientos de la ambigüedad legal del período preconstitucional y no sobre la legislación internacional suscrita por el Estado de acuerdo con la CE.  Por eso, ya es hora que reconozcan y apliquen la legalidad y las recomendaciones de las Naciones Unidas. 

Si los Estados del cono sur americano han sido capaces de hacerlo, la sociedad española también debería. Y más, en un momento en que el perseverante compromiso de las entidades memorialistas, la no claudicación  del republicanismo, la implicación del mundo académico y sobre todo la llegada a la madurez vital y política de una nueva generación de ciudadanos alejados de secuestros mentales y de complicidades ante la impunidad, ha conllevado la socialización del debate del porqué de las víctimas no resarcidas del Franquismo. 

Porque, además, la actual ley crea arbitrariedades  incongruentes, como el hecho de diferenciar a las víctimas de hechos represivos acaecidos antes de 1968 de aquellas otras con posterioridad a esta fecha. ¿Acaso la dictadura y la represión se inició  en 1968? ¿Qué razón justifica que los familiares de Julián Grimau no puedan acceder a las mismas reparaciones que los familiares de sus compañeros de partido asesinados en Atocha en 1975? 

Recientemente, la película Salvador ha permitido que miles de personas revivieran con emoción –y otras con cierta vergüenza por su pasividad-  el asesinato de Estado a garrote del anarquista catalán Puig Antich en 1974. Muchos más, niños y adolescentes entonces, han descubierto la brutalidad de la Dictadura sufrida  por sus padres y abuelos. Y, aún así, ustedes, se han atrevido a reglamentar para excluir a Puig Antich de las reparaciones, como a tantos otros luchadores antifranquistas, mientras torturadores como Melitón Manzanas han recibido honores y reparaciones económicas por parte de la democracia española.  

A pesar de todas las desmemorias, nuestra juventud es consciente del pasado inmediato. Del lastre que significa, todavía hoy día, que el Dictador muriera  matando. Y así fue. El 30 de septiembre de 1975, mandó fusilar a cinco ciudadanos antifranquistas en un mismo día, entre ellos a Juan Paredes Manot “Txiqui”. Ante las protestas internacionales, el Régimen reaccionó mediante una manifestación de adhesión.  Y la historia ha fijado el momento: allí en el balcón, al lado del Dictador, estaba el actual Jefe del Estado Juan Carlos de Borbón. 

Ateniéndonos a tales hechos históricos, ¿cómo es posible que, hoy, el gobierno socialista haya tenido  la desfachatez de dejar al margen del reconocimiento y de las reparaciones a ciudadanos fusilados hace tan solo treinta y pocos años?  

Este parlamento debería legislar –y así lo proponemos- a favor de la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de la Dictadura, no tan solo por ilegítimos sino también por  ilegales.  Ustedes no pueden condenar a las víctimas, a sus descendientes y a los ausentes al calvario, a la ignominia de tener que aspirar a una posible revisión a través de un pleito con el mismo Estado. Muchas de estas familias desde hace treinta años lo estuvieron intentando infructuosamente.  Pregunten a los hijos del ministro de Industria  de la II República Joan Peiró, fusilado en 1942, la frustración que genera que todavía hoy día la Sala Militar del Tribunal Supremo se haya pronunciado  en contra incluso de la revisión de su proceso. Militares lo condenaron, militares lo asesinaron, militares de la democracia  le niegan la revisión. 

Habíamos creído que Rodríguez Zapatero enterraría  el desprecio hacia las víctimas republicanas de los campos de exterminio nazis del presidente del gobierno Felipe González cuando rechazó asistir a los actos de celebración del cincuenta aniversario de la liberación del campo de Mauthausen en el año 1995 y que, finalmente, se  dilucidarían las responsabilidades del Estado español. Pero la ley lo omitió  todo. Ustedes no quisieron atender a ninguna de nuestras razones. Y en cambio, hoy, ustedes saben que están en una posición muy, muy débil. 

Tan latente es la injusticia que los propios Tribunales de Justicia españoles, y al amparo de la legalidad internacional, se declaran competentes para juzgar los crímenes.  Así, el juez titular del juzgado nº2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno,  se ha declarado competente para juzgar a cinco nazis, actualmente residentes en EEUU, que deberán ser extraditados para que puedan ser juzgados en Madrid por Crímenes contra la Humanidad.

A menos que ustedes consigan impedirlo. ¿Qué harán ahora? ¿Van a comprometerse a favor de la justicia o se visualizará, de nuevo, la voluntad del aparato estatal de obstruir su camino? ¿Actuarán de igual forma como han procedido  con el juez Garzón, presionando políticamente mediante la Fiscalía General del Estado?  ¿Ordenarán a los fiscales territoriales el archivo de las denuncias presentadas? ¿Coaccionarán la judicatura prefigurando la prescripción de los delitos? ¿Qué le espera ahora al juez Ismael Moreno? Porque ustedes saben que si se  juzga en Madrid a los nazis asesinos de republicanos habrá que poner encima de la mesa los pactos Himmler-Serrano Suñer y la condena por  parte de Naciones Unidas del régimen franquista. Y les recuerdo que Lluís Companys fue deportado y entregado por la misma Gestapo a la policía española. 

La labor ingente de las entidades memorialistas alimenta el anhelo de justicia y nos acerca a las víctimas ignoradas de la Dictadura,  como los niños secuestrados  que fueron otorgadas a familias adictas al régimen, como en Argentina. No debe sorprendernos tanta maldad, debería hacernos reflexionar el gran desconocimiento que tiene la sociedad, jóvenes y también mayores, de la crueldad de la Dictadura. Una Dictadura sanguinaria y prolongada. Franco fusiló entre 1939 y 1947 una media de 10 personas al día, el mayor genocidio de las dictaduras occidentales del siglo XX en época de paz. Y con campos de concentración como en la Alemania nazi. Con prisioneros esclavos de fábricas que capitalizaron empresas hoy día boyantes.  

Y ante ello, ustedes, y en palabras del propio Presidente del gobierno coincidiendo -¡qué casualidad!- con el extremista Rouco Varela, nos piden que olvidemos. 

Por no abrir heridas, por no alentar venganzas, por conseguir la reconciliación… ¿Acaso el conocimiento de la crueldad nazi ha abierto heridas en Alemania? ¿Acaso en Francia los homenajes a la Resistencia pretenden ser venganzas contra los colaboracionistas de Vichy? ¿Acaso los monumentos a  los partisanos en Europa impiden la reconciliación? ¿Por qué en el Estado español, pues,  los guerrilleros, homenajeados por la república francesa siguen considerándose bandoleros?

No señores y señoras diputadas. No hay reconciliación sobre el olvido. Como dice Amnistía Internacional, no se puede pasar página sin antes haberla leído.

Y puestos a leer páginas, hemos de leer también las de la II República Española. 

Porque la sublevación militar de 1936 fue un intento de acabar con la etapa de democratización y progreso social que instauró la República. Una República, que es el embrión del actual Estado democrático, social y de Derecho. Una República de libertades como el sufragio universal, la pluralidad y descentralización territorial o la separación Iglesia-Estado. Una República de derechos como el de la enseñanza universal gratuita, de la protección social de las clases trabajadoras o del matrimonio civil y el divorcio.

Señoras y señores diputados, me siento orgulloso de los logros de esa República, y me avergüenza que ustedes –y especialmente la izquierda española- no lo sientan igual. Sin complejos. Sin censuras.

Es por ello que la segunda parte de la ley que hoy presentamos está dirigida a reconocer y recordar la República, tanto pedagógicamente, como institucionalmente, instaurando el 14 de abril como el Día de la Memoria Histórica.

Apelamos a esta Cámara, y especialmente a la izquierda española –PSOE e IU- y a los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes que votaron la actual Ley de Memoria. Les apelamos para que sin olvidar a los ya recordados, podamos legislar para hacer justicia y recordar a los olvidados. Mientras esto no suceda, no podrá haber reconciliación. El pasado no puede quedar enterrado en fosas. Hay que desenterrarlo para que los muertos descansen en paz. Para que sus hijos e hijas también lo puedan hacer.  El Estado no puede promover la abertura de fosas como si se tratara de una excavación arqueológica de un cementerio romano. Si en Bosnia, Argentina o Chile se han investigado las desapariciones, la policía Judicial, la fiscalía y la justicia española tienen que ser las responsables de investigar las causas de las muertes, quienes fueron sus responsables y la identificación de las víctimas. ¿O es que no estamos en un estado de derecho?

En  una sociedad democrática madura este proceso lo debería llevar a cabo el gobierno y este Parlamento. Y culminar la catarsis mediante la intervención del Jefe de Estado, la máxima representación institucional del mismo Estado, pidiendo perdón a las víctimas. Porque además Juan Carlos de Borbón fue el heredero nombrado por Franco, fue él quien  juró desde esta misma tribuna  los principios del Movimiento Nacional. A él, se le debe exigir este acto de honradez y de coherencia a  fin y efecto de simbolizar la plena superación por la democracia del pasado  autoritario del Estado.

Señorías, solicitamos su apoyo para dar luz verde a la proposición de ley de los republicanos catalanes para que, finalmente, podamos disponer de un texto legislativo que permita al Estado español homologarse al resto de sociedades democráticamente maduras. En beneficio de la justicia y de la verdad, y en  favor del fortalecimiento de los valores democráticos de la ciudadanía. No lo duden, sólo reparando previamente todas las injusticias del pasado nuestra sociedad  estará en condiciones de superar las violencias presentes y las  incertidumbres futuras.

Gracias.

LA NUEVA VIEJA BANDERA DE ESPAÑA

Artículo publicado en el New York Times y recogido en el blog:  Sociología Critica

22 octubre 2012
Autor : Jonathan Blitzer

Cada jueves por la noche, en medio de la Puerta del Sol, una pequeña multitud se reúne alrededor de una estatua ecuestre del rey Carlos III llevando a cabo una manifestación modesta. Rara vez hay más de 25 personas, la mayoría de ellos en los 70 años. Lo primero que varios de ellos hacen es desplegar una pancarta que dice: “. Contra la impunidad, en solidaridad con las víctimas del franquismo”A continuación, algunos otros izan la bandera tricolor de la Segunda República Española. Sus bandas de color amarillo, rojo y morado nos remontan a la era de la promesa democrática. Ese período tumultuoso, que comenzó en 1931 con la elección de una coalición de izquierda que envió al rey Alfonso XIII al exilio, tuvo su cuota de disputas políticas y la violencia reaccionaria. Pero también trajo euforia vertiginosa y una serie de reformas igualitarias. Una nueva Constitución consagra el sufragio femenino y la libertad de expresión, mientras que apea a la nobleza de sus antiguos privilegios.

Esos días tenían un aire palpable de celo reformista y la ambición. Hoy en día, en medio de una dolorosa recesión y una crisis de liderazgo político, la promesa de aquella era pasada tiene un apoyo renovado.

El público español se tambalea. Pero a diferencia de los años de la Segunda República, gran parte del drama gira en torno a lo que parece estar sucediendo fuera de España. Los políticos nacionales han sido reducidos a espectadores asediados. La bandera republicana es un acosador símbolo de cosecha propia que subraya el estado enervado de la clase política actual.

Dadas las circunstancias, su relevancia y significado están cambiando. Hasta hace poco, los ancianos españoles que recuerdan los años del dictador Francisco Franco, justo después de la Segunda República, consideraban la bandera republicana con una mezcla de nostalgia dolorida y un destello de fervor militante. 

Y los españoles nacidos después de que la democracia fuese restaurada en la década de 1970 tendía a pensar en ella más como un artefacto recóndito que un símbolo de galvanización. Ahora se está haciendo una reaparición de ellos, también, gracias al creciente déficit democrático en la Unión Europea en general, y específicamente en España.

En las manifestaciones públicas contra las medidas de austeridad, una cada vez más diversa variedad de manifestantes, incluidos los jóvenes, ondea la vieja tricolor. El periodista Javier Valenzuela me dijo: “Los jóvenes de entre 20 y hasta 30 años están identificando la bandera como símbolo de protesta contra el actual estado de cosas.”

Los portadores de la bandera republicana en las manifestaciones públicas dicen que tiene una variedad de significados. Algunos citan la memoria histórica de las atrocidades de la Guerra Civil y su legado perdurable de enemistades insepultas. Otros, basándose en la historia de la Segunda República, mencionan el ocaso del prestigio de la monarquía española.

Aún más, llevándola a las manifestaciones como un llamado a la justicia económica en un momento en que el gobierno no está haciendo nada por reducir la brecha creciente entre los ricos y los pobres, un tema principal también durante los primeros años de la República. Como un activista remarcó: “La pregunta no debería ser ¿Por qué estamos viendo más banderas republicanas ahora?, debería ser ¿Por qué no vimos más en los años anteriores?”

La bandera es, fundamentalmente, un cajón de sastre. En el marasmo político actual es difícil para los ciudadanos comprometidos a saber exactamente dónde apuntar con una crítica puntiaguda. Todo parece ir mal. La bandera republicana invita y sostiene el activismo al mismo tiempo que mantiene la crítica flexible y abierta.

El jueves pasado, alrededor de las 7 de la tarde, dos jóvenes de 18 años caminaron hasta el centro de la Puerta del Sol. Uno de ellos llevaba una mochila. Se detuvo un momento, como si estuviera pensando dos veces, y ante la insistencia de su amiga abrió la cremallera de su bolso y sacó una bandera republicana. La bandera cubría sus hombros y se unieron al grupo de mayores manifestantes.

“¿Por qué esta bandera? ¿Por qué ahora? “Le pregunté. “Es porque no me identifico con la bandera española actual”, dijo. Luego, señalando a la bandera vieja colgando de sus hombros, ella se encogió de hombros: “Me siento más cerca de ésta.”

Jonathan Blitzer es periodista y traductor residente en Madrid.